Un patio de la hacienda Ibarburu
Un patio de la hacienda Ibarburu IAPH

Frente al expolio perpetrado en la hacienda Ibarburu, levantada en torno a 1748 en Dos Hermanas (Sevilla) y declarada bien de interés cultural (BIC) en 2002, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura ha esgrimido que ha denunciado también los hechos ante la Policía Nacional y que ha fijado una visita "urgente" al recinto, toda vez que el Ayuntamiento nazareno ha defendido que ha enviado escritos a los propietarios del inmueble, en demanda de "medidas" de conservación.

Así figura en una resolución de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, en cuanto a una queja promovida sobre el "deterioro" de esta antigua hacienda agraria enclavada en Dos Hermanas, protegida por el carácter etnológico de su arquitectura y de propiedad privada.

Después de que un historiador y dos arquitectos denunciasen ante la Policía Nacional el expolio perpetrado en dicho recinto, y ante la mencionada queja, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha recabado informes tanto de la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura como del Ayuntamiento de Dos Hermanas.

En el primer caso, según esta resolución recogida por Europa Press, la Delegación Territorial de la Consejería de Cultura expone que los hechos denunciados por estas personas "pudieran ser constitutivos de los delitos de expolio y destrucción del patrimonio histórico". Por eso, dicho departamento interpuso su propia denuncia ante la Policía Nacional, fijando "con carácter urgente una visita de inspección al citado bien de interés cultural, con objeto de identificar y valorar los daños y el expolio que se hayan producido".

En cuanto al Ayuntamiento de Dos Hermanas, ha defendido ante Jesús Maeztu su "especial interés y atención" a la hacienda Ibarburu, esgrimiendo que ha dirigido "sendos escritos" a la familia Pickman, propietaria del recinto, "en orden a adoptar las medidas precisas" para su conservación.

DESDE 2015

Es más, argumenta el Ayuntamiento que ya en 2015, ante la "absoluta necesidad de urgentes medidas de consolidación y restauración del edificio", solicitó el respaldo del Fondo de Ayuda a la Rehabilitación de la World Monuments Fund, una organización internacional dedicada a la conservación del patrimonio arquitectónico y artístico, "sin que hasta la fecha se tenga pronunciamiento alguno" de dicha entidad.

Dado el caso, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz determina que "ambas administraciones vienen trabajando en la conservación del inmueble y en la definición de las medidas de conservación ante la propiedad del citado bien de interés cultural", confiando en que tal extremo "revierta finalmente en la mejor conservación y puesta en valor de este enclave".

Del mismo modo, el departamento de Maeztu señala "en particular las acciones que se hacen depender de los requerimientos que se anuncian respecto a los titulares del inmueble, así como de las labores de inspección técnica que se aluden en las información recibida".

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