La nueva Ley de Servicios Sociales Inclusivos de la Comunitat Valenciana, cuyo borrador se ha presentado este miércoles, sitúa los derechos sociales a la misma altura que la sanidad y la educación y garantiza el acceso universal al sistema, de modo que "todo el mundo, gobierne quien gobierne, tenga derecho a estos servicios".

Igualmente, la futura norma los define como "de interés general y esencial" para evitar "excusas al dotarlos económicamente" y lograr su "blindaje" a efectos presupuestarios, de modo que "ninguna prestación recogida en la ley esté condicionada a la dotación económica".

Así lo ha indicado la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante la presentación del borrador, un documento "amplio y detallado" que dará paso a una "ley muy participada y muy codecidida".

Oltra, que ha dado a conocer el texto junto al delegado del Consell para el Modelo Social, Xavier Uceda, ha destacado entre las novedades contempladas la inclusión en la tarjeta sanitaria SIP de la "historia social" de cada usuario. "Igual que tenemos el historial médico, tendremos el historial social", ha dicho.

La responsable autonómica ha comentado que a través del SIP se podrá ver si una persona "tiene carnet de familia numerosa, certificado de discapacidad, si está dentro del sistema de dependencia o si es víctima de violencia de género" y también que el médico sepa "el grado de dependencia que la patología que tiene un paciente le genera". Ha comentado que para llevar a cabo la integración de esta información en la tarjeta sanitaria "se trabaja ya" en "una aplicación" que se espera que "esté activa en 2020".

"LA LEY DE LA LEGISLATURA"

La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas ha considerado que la nueva norma es "la ley de la legislatura" y ha resaltado que con ella "se crea el sistema público valenciano de servicios sociales", se "dignifican los servicios sociales y a sus profesionales" y se "sitúa a las personas en el centro del sistema" ya que "los servicios se adaptarán a ellas" y "los programas se diseñarán a su medida".

En este sentido, ha agregado que frente a "la falta de una estructura legislativa fuerte" en esta materia la futura norma supone "un cambio de paradigma" basado en "un sistema público digno sin clientelismos", así como "en el municipalismo -se establecen los ayuntamientos como puerta de entrada-, en la prevención y en el rescate a las persona".

"La Comunitat contaba en materia de servicios sociales con una legislación de 1997 que no había sido desarrollada por el antiguo gobierno, lo que facilitó la privatización y el desmantelamiento de un sistema con falta de liderazgo y de coordinación entre administraciones" que favoreció "equipos profesionales deshechos, burocratización y asistencialismo", ha expuesto Oltra.

Tanto la consellera como el delegado del Consell para el Modelo Social han valorado el "amplio proceso" de "participación y transparencia" que ha precedido la elaboración del borrador, que esta tarde se presentará al sector durante un acto en València.

Uceda ha detallado que dicho proceso ha ido "de lo más amplio a lo más concreto" y que se ha estructurado en tres fases en las que han tomado parte ciudadanos, sindicatos y entidades del tercer sector, ayuntamientos, mancomunidades, diputaciones, universidades, colegios profesionales y empresas.

Mónica Oltra ha manifestado que "los recortes y la desidia" de mandatos anteriores llevaron a los servicios sociales a "una situación dramática" que generaba "una diferencia abismal con otros sistemas como el sanitario o el educativo" en cuestiones como la ratio de profesionales por habitante.

MAYOR INVERSIÓN

A este respecto, ha comentado que mientras que en la sanidad hay "un profesional cada 1.100 pacientes y en la educación uno cada 25 ó 30 alumnos", en servicios sociales "se contaba con uno cada 13.000 habitantes y cada 17.000 en algunos municipios". Oltra ha avanzado que el nuevo modelo prevé multiplicar por cuatro la inversión a ayuntamientos para la contratación de personal.

La vicepresidenta ha expuesto que en el presupuesto de 2018 se contemplan 41 millones para plantillas y ha aseverado que está contemplada la contratación de 1.574 profesionales este año, lo que supone alcanzar una ratio de un profesional por 2.781 habitantes -la ley prevé alcanzar una media de un profesional por cada 2.300 habitantes y en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, de uno por 1.500-.

Oltra ha afirmado que con estos cambios la Comunitat pasará a "estar entre las cinco primeras autonomías en ratio de atención al ciudadano" y ha explicado que la composición de los equipos profesionales será una de las cuestiones que, "por primera vez, quede fijada por ley". Además, ha subrayado que la futura norma establece su carácter multidisciplinar para atender "la complejidad social".

"RETORNO DEFINITIVO"

Del contenido de la nueva ley, la consellera ha citado también la creación de un catálogo de prestaciones y servicios mínimos a los que podrán acceder las personas con residencia en la Comunitat, así como servicios para aquellos valencianos residentes en el exterior cuando la atención sirva para su "retorno definitivo".

Oltra ha valorado que el texto plantee también que "en situaciones de urgencia social los servicios sociales actuarán como la entrada de urgencia de un centro hospitalario". "Se atenderá, se ingresará y luego se hará la valoración y las evaluaciones", ha manifestado, al tiempo que ha señalado que para la prestación de los servicios sociales el orden que se seguirá será "sector público, concierto social y empresas privadas".

A su vez, ha explicado que se garantiza la atención en toda la Comunitat con la creación de tres niveles que ha equiparado también con los establecidos en el sistema sanitario: zona básica -como podría ser el centro de salud-, áreas -equiparadas a los centros de especialidades- y departamentos de servicios sociales -igual al de los hospitales-.

La ley recoge, asimismo, un órgano de coordinación interadministrativa, el Consell Valencià de Igualtat, Inclusió i Drets Socials y la creación del Institut Valencià de Qualitat en Serveis Socials como "espacio para innovar y para la formación".