La plataforma sostiene que el expediente, en trámite desde enero de 2010, hace ocho años, está "caducado por inactividad durante años" y que, en todo caso, al no haberse resuelto en su plazo, el silencio sería desestimatorio y/o denegatorio.

Además, alega que afecta a un territorio "muy densamente habitado y nulamente planificado", por lo que "el daño potencial es gravísimo"; y que hasta febrero de 2017, "incumpliendo el Convenio de Aarhus y la Ley 27/2006, gran parte de los afectados no habían sido notificados/informados y, por ello, no habían podido participar en trámites fundamentales, causa de nulidad del expediente".

Añade que no se ha realizado, pese a su "peligrosa agresividad", evaluación ambiental de la línea, una carencia que, por ejemplo, "motivó la anulación por el Tribunal Supremo de la conflictiva línea 400 kV Soto de Ribera-Penagos-Güeñes-Itxaso".

Asegura además que hay "diferencias" entre lo publicado en los anuncios del Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y lo aprobado, "generando inseguridad jurídica e indefensión en los afectados"; y "no se han presentado, como es obligatorio, varias alternativas reales".

Y agrega que además del transporte de energía eléctrica, la línea tiene "un ilegal y lucrativo" uso de telecomunicaciones mediante fibra óptica. Además, sostiene que la línea "no es necesaria para los fines que se alegan" por REE y la Administración.

Por todo ello, además de la nulidad del expediente, la plataforma considera urgente la apertura de un debate público sobre las planificaciones general y energética y, en particular, la de la línea 220 kV Astillero-Cacicedo, "por las molestias y riesgos que supone para los vecinos, por la inactividad de las distintas Administraciones en su defensa y, muy especialmente, por el riesgo que las ondas electromagnéticas que genera una línea eléctrica de este tipo suponen para las personas que viven o desarrollan actividades en su proximidad".