Federico García Lorca
Federico García Lorca EUROPA PRESS/ARCHIVO

A preguntas de los periodistas, Francisco Cuenca ha señalado que el embargo acordado para cubrir los salarios que se adeudan a tres extrabajadoras, por un importe superior a los 240.000 euros, atañe a la relación de "una fundación privada con sus trabajadores", por "debe dirimirse en ese ámbito privado".

El Ayuntamiento ha planteado una consulta tanto técnica como jurídica que, según ha agregado Cuenca, apunta en la dirección de que este conflicto laboral "no tiene por qué afectar a la llegada del legado del poeta en los tiempos, plazos y formas" establecidos.

Estas declaraciones se han producido en un acto de balance del metro de Granada en el que ha intervenido la delegada del Gobierno andaluz en Granada, Sandra García, quien, en nombre de la Junta, institución también integrada en el consorcio que dirige el Centro Lorca, se ha adherido a la posición del alcalde de la ciudad, en el sentido de que el embargo "no tiene por qué afectar" al traslado de los fondos vinculados al poeta de Fuente Vaqueros.

En el decreto del Juzgado de lo Social número 29 de Madrid, que ha acordado el embargo de bienes propiedad de la Fundación Federico García Lorca, al que ha tenido acceso Europa Press, se expone que estos bienes "no gozan de la especial protección que prevé la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid" y "son embargables", puesto que si bien en su momento se produjo la incoación del expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) para estas propiedades, el mismo está "caducado".

Este procedimiento judicial se remonta al 6 de junio de 2016, cuando se despachó ejecución frente a la Fundación Federico García Lorca por importe de 240.097 euros -más 14.405 y 24.009 euros en concepto de intereses y costas- por este conflicto laboral debido a nóminas atrasadas a tres exempleadas.

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