La PAH reprocha la falta de vivienda social para estos casos
La PAH reprocha la falta de vivienda social para estos casos PAH

En nota de prensa, la PAH ha reprochado que no se haya tenido en cuenta que "una familia que no tenía otros bienes de su propiedad, se queda sin vivienda, en la calle, por una deuda que hubiera podido saldarse".

"Que los derechos más básicos de las personas no se valoran y no se contemplan situaciones de precariedad de las que, por desgracia, hay muchísimas", ha añadido.

La Plataforma se refiere a la vivienda de una familia de cinco miembros (uno de ellos de tres años) llevada a subasta por el Juzgado de Primera Instancia número cinco por impagos a la comunidad, y que ha sido subastada con una puja de 27.102 euros.

Se trata de un matrimonio, de 56 y 55 años, con dos hijos, de 34 y 23, y un nieto de tres años que residen en el corazón del Casco Antiguo de Logroño (la calle San Nicolás, número 68) en un piso que ha acumulado una deuda de 6.306,29 euros, según refleja el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

"En el caso de José Pérez no ha habido ninguna oportunidad. Tan pronto conocimos el caso, todos nuestros esfuerzos y los de su abogada han ido orientados a encontrar una fórmula de pago para saldar la deuda", ha relatado la PAH.

Ha señalado que buscó "ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, de Cáritas, de particulares, se hizo un ofrecimiento formal de pago, e incluso se ingresaron cincuenta euros en la cuenta del Juzgado" pero ha sido "todo inútil".

Tras los sucedido, ha exigido "de la Administración que disponga dealquileres sociales por un importe asumible con los ingresos de la familia".

Y es que, ha indicado, lo sucedido "casa muy mal con el artículo 47 de la Constitución Española, el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) ratificado por España (BOE 30 de abril de 1977), que en sus artículos 10 y 11 los Estados Partes reconocen su deber de protección a la familia, el derecho a un nivel de vida adecuado, incluso alimentación, vestidos y vivienda adecuados, así como medidas especiales de protección y asistencia a todos los niños y adolescentes".

Ha explicado: "El hecho objetivo, sin entrar a valorar apreciaciones de una parte o de la otra, es que la comunidad de propietarios denunció a José por una deuda inicial de 5.600 euros y que, al no tener otro bien que embargar, se decidió subastar su única vivienda, en la que viven cuatro adultos y un menor, para pagar la deuda, con una tasación de 25.000 euros, que no sabemos cómo se ha realizado".

Ha añadido que "José, hasta no llegar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, no tuvo asesoramiento ni acceso a abogado ni procurador. Cuando se hubo nombrado abogado, todos los esfuerzos se centraron en buscar ayuda económica y presentar un plan de pagos, que no fue atendido, para evitar la subasta de la vivienda a precio de saldo, como así ha ocurrido".

Ha denunciado que "en La Rioja no hay vivienda social para estas situaciones y otras que ocurren a diario, como los desahucios sin alternativa habitacional por no poder pagar el alquiler, trabajo en el que deberían involucrarse activamente todas las Administraciones (local, regional y estatal), máxime teniendo en cuenta la cantidad de viviendas vacías en manos de la banca (que, por cierto, tampoco pagan la comunidad de propietarios) y que podrían dedicarse a este fin".

Ha recordado que "una de las máximas de la PAH es que somos deudores de buena fe y luchamos por casos de única vivienda".

"En los procedimientos de ejecución hipotecaria intentamos negociar con los bancos hasta poder conseguir una cuota que pueda ser asumible para seguir pagando la hipoteca, ya que nos parece la mejor solución y si al final, por desgracia, se pierde la vivienda en la que tantos sudores se han invertido, luchamos por la dación en pago y el alquiler social", ha explicado.

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