La moción de Cs relativa a Pinillos, apuesta también por garantizar unas mínimas condiciones de seguridad que eviten nuevas ocupaciones ilegales, que Servicios Sociales analice la situación de las personas que ocupan esas viviendas y que el Ayuntamiento habilite un servicio al que puedan acudir los vecinos que se vean perjudicados por los conflictos derivados de la ocupación ilegal de inmuebles.

El concejal de Cs Javier Moyano ha advertido del elevado crecimiento en el país del número de ocupaciones en viviendas en los últimos años, pasando de 622 delitos de ocupación en 2008 a 3.278 en 2015 ante la "pasividad de las Administraciones". Alerta de que algunas de ellas se producen a manos de grupos de "violencia organizada para obtener beneficio económico", algo que "en muchas ocasiones provoca perjuicios a los vecinos del entorno", apuntando a la situación vivida en el Edificio Pinillos.

Por ello, pide a los partidos que "no se pongan de perfil" ante unos vecinos que "llevan años esperando y una situación intolerable que se ha vuelto insostenible al existir violencia, peleas y amenazas de muerte a las personas para que se marchen y puedan seguir ocupando". Insta a garantizar "los derechos de quienes lo necesitan, los vecinos, y plantar cara a una mafia ocupa que está destruyendo sus vidas".

"Porque ser ocupa es un chollo porque tienen todos les derechos y ninguna obligación y el Ayuntamiento tiene que intervenir", advierte, ante el "aumento de robos, los niños aparcacoches, las facturas que 300 euros que tienen que pagar estos vecinos afectados y los daños provocados a los pisos que afectan a los de quienes pagan sus cuotas y sin responsabilidad para los ocupas, entre otros", sentencia.

La delegada del Distrito Nervión, Inmaculada Acevedo (PSOE), ha dejado claro que se estará "siempre en desacuerdo con la ocupación ilegal" y se solidariza con los vecinos que están sufriendo esta situación. Afirma que está en contacto con los vecinos desde agosto de 2016, manteniendo varias reuniones con ellos, y añade que hay quienes ocupan al tener una "situación insostenible", entendiendo que "no sólo han de intervenir Servicios Sociales del Ayuntamiento". Recuerda que hay un registro público de demandantes de viviendas protegidas, con alternativas para personas en riesgo grave de exclusión social, tramitando ya 138 viviendas de este tipo, y otras 14 han sido adjudicadas a entidades para colectivos en situación vulnerable.

La concejal del PP Pía Halcón subraya el "gran problema existente en ese magnífico edificio", un asunto que ya remitió al Ayuntamiento antes de Navidad, teniendo en cuenta que 72 viviendas, con 20 propietarios, otros cuatro o cinco de renta antigua y 47 viviendas que se encuentran ocupadas. Además, añade que el administrador concursal le comunicó que en unos tres meses podría haber una solución.

La edil de Participa Sevilla Cristina Honorato reconoce la existencia de un problema en ese espacio y lamenta la "criminalización de la pobreza" que asegura que hace Cs, aunque advierte que el problema de Pinillos "no es la ocupación". Advierte de que la realidad de Pinillos tiene que ver "con un problema de convivencia", que liga directamente a la propiedad. "Hay vecinos que piden recuperar u ocupar esas viviendas vacías ante el hostigamiento que están recibiendo de la propiedad", explica, agregando que "esa amenaza del inmueble de meter a personas conflictivas puede que se esté cumpliendo".

La concejal de IU Eva Oliva critica el "alarmismo" de Cs y señala que existe un "problema de convivencia y de civismo" en esta propiedad privada, añadiendo que "muchos de los propietarios fueron los que entregaron sus llaves a estas personas". "La propiedad se ha desentendido del edificio y no arregla los desperfectos", agrega, detallando que hay varios tipos de inquilinos, mencionando personas mayores de renta antigua "a los que se les manda 'asustaviejas'", otros de renta nueva y hay quienes "entregaron las llaves a esas personas que llevan ya allí unos 12 años", así como "otro grupo más conflictivo que sí da quebraderos de cabeza y que son con los que habrá que intermediar para encontrar una solución". "No hay que criminalizar a estas personas, sino buscar soluciones", añade.

EL DEBER DE EDIFICAR

Asimismo, PSOE y PP han votado a favor de la moción de Cs sobre el deber de edificar, que ha obtenido el voto contrario de Participa Sevilla e IU. Millán ha explicado que la propuesta pretende dar "mayor seguridad" jurídica a la norma, especialmente en lo relativo al plazo para edificar y que éste quede ligado "a datos objetivos, sin que se obligue a edificar hasta que no se den condiciones de equilibrio económico de la empresa".

Subraya que este instrumento ha demostrado su importancia contra la especulación, aunque advierte del cambio que se produjo ante la llegada de la crisis. "Las prórrogas han paliado en parte la situación, pero no ha sido suficiente para generar seguridad jurídica ante la situación del mercado inmobiliario", agrega, apostando por que esa

prórroga no se tenga que ir renovando cada año, sino que la no obligación de edificar se regule por elementos objetivos y no sea algo "discrecional".

El concejal de Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera (PSOE), resalta que el sector es un "motor económico importante" para la ciudad y agrega que hay que atender a "otros tipos de elementos objetivos como la concesión de licencias o de construcciones que se realizan en la ciudad sirva para evaluar si se está en un periodo productivo o no para tomar las decisiones".

El edil del PP Rafael Belmonte valora la moción para aportar "elementos objetivos" y deja claro que "no hay que criminalizar a las empresas y al desarrollo productivo". Considera que la regulación actual tiene que ser "mejorada para dar seguridad jurídica".

De su lado, Moreno critica que la propuesta se centre en "defender a las inmobiliarias de las entidades financieras, que son las que tienen esas bolsas de suelo, pero no se ha defendido igual moratorias para las personas que no podían pagar sus viviendas". "La excepción de la moratoria no puede convertirse en norma", sentencia.

En este marco, Rojas señala que el acuerdo planteado por Cs es "ambiguo y parcial" y que se comporta como "el mayordomo de la patronal de la construcción", asegurando que el interés general no sólo se circunscribe a ese sector, sino que supone algo más amplio. Por tanto, está de acuerdo en aplicar criterios objetivos a las prórrogas, pero "no con las recetas que propone Cs".

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