Dicha orden figuraba entre una serie de nuevas diligencias requeridas por el juez Óscar Rey en su auto de fecha 22 de noviembre, recogido por Europa Press. Este auto surgía después de que el pasado 28 de septiembre, el juez instructor decidiese canalizar el procedimiento por el trámite del tribunal del jurado, celebrando el pasado 2 de noviembre una comparecencia para que los tres encausados formulasen oralmente sus alegaciones y el Ministerio Fiscal y la acusación particular circunscribiesen "los hechos y delitos imputados".

Merced a dicha comparecencia y las citadas alegaciones, el juez instructor ha defendido que "no solamente no se dan mínimamente los presupuestos para el archivo de la causa, sino que existen indicios suficientes de criminalidad contra José Luis Olivares Arenas, Manuel Alcocer y Francisco Javier Romero, que justifican la continuación del procedimiento" judicial. El juez, así, imputa "concretamente" al expresidente del PP nazareno "la autoría de la grabación y la difusión del vídeo" supuestamente usado para coaccionar a Manuel Varela.

CONTINÚA LA CAUSA

Por eso, y pese a las alegaciones de los encausados, el juez ordenaba "la continuación del procedimiento ante el tribunal del jurado" respecto a los tres citados encartados, requiriendo toda una serie de nuevas diligencias, como la mencionada "averiguación" de los mensajes de WhatsApp y SMS enviados y recibidos entre el 21 y 25 de mayo de 2015 por los tres investigados, así como el tráfico de sus correos electrónicos.

Pero la Policía Nacional ha elevado un escrito al juez instructor, exponiendo que resulta "imposible dar cumplimiento a lo solicitado". En este escrito, recogido por Europa Press, la Policía detalla que respecto a las comunicaciones electrónicas, la Ley marca "un año de periodo de conservación de datos", límite ya superado, toda vez que "la información almacenada" se asocia a las comunicaciones en sí, es decir a la "identificación del usuario" pero sin "la guarda del contenido del mensaje".

Respecto a los mensajes de WhatsApp y SMS, "no es posible obtener de las compañías proveedoras de servicios en Internet información de datos cuando el periodo temporal es superior a un año", ni tampoco se conserva "el contenido" de los mensajes. Por ello, señala la Policía que sólo sería posible recuperar la información solicitada si se dispusiese de "los dispositivos" de telefonía móvil usados por las personas investigadas.

EL CHANTAJE DE DOS HERMANAS

La causa, recordémoslo, deriva de un supuesto chantaje destinado a obligar a Manuel Varela a renunciar a su candidatura a la Alcaldía de Dos Hermanas por Ciudadanos, bajo la amenaza de la difusión masiva de un vídeo con imágenes suyas consumiendo droga.

En el marco de las diligencias judiciales fueron investigados el expresidente del PP de Dos Hermanas Manuel Alcocer; el expresidente de NNGG de Andalucía y edil popular en dicha ciudad, Luis Paniagua; el concejal socialista Agustín Morón; el empresario y militante del PP Emilio Maya; el periodista local José Luis Olivares; Francisco Javier Romero como persona "interpuesta" en las citadas coacciones y el trabajador municipal Fernando Díaz Alcocer.

Pero a lo largo de la instrucción de la causa, el juez ha ido ordenando el sobreseimiento de las actuaciones judiciales respecto a Emilio Maya, recientemente fallecido, Fernando Díaz, el edil del PP Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón.

En paralelo, el juez ha decidido continuar la causa por el procedimiento del tribunal del jurado contra el expresidente del PP nazareno Manuel Alcocer, el periodista José Luis Olivares y Francisco Javier Romero. Manuel Varela, no obstante, ha recurrido la decisión judicial de sobreseer la investigación respecto a las citadas personas, reclamando especialmente que el edil del PP nazareno Luis Paniagua y el concejal socialista Agustín Morón sean nuevamente "traídos" al procedimiento judicial.