Francisco Fernández Liñares
Francisco Fernández Liñares EUROPA PRESS

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Lugo ha finalizado la investigación de la causa sobre la Confederación Hidrográfico del Miño-Sil, derivada de la denominada 'Operación Pokémon', y que tiene como principal implicado a Francisco Fernández Liñares, del que las diligencias apuntan que "manipuló ofertas y precios" y se benefició de "regalos y obsequios".

Según informan fuentes judiciales, la magistrada ha acordado que se continúe la tramitación de estas diligencias previas por el trámite del procedimiento abreviado y da diez días a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas para que formulen escrito de acusación solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa.

Según consta en el auto, durante su mandato como presidente de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, cargo que desempeñó desde el 15 de julio de 2008 al 25 de febrero de 2012, Liñares supuestamente se habría concertado con varios empresarios y empresas para beneficiarlas en la ilícita adjudicación de contratos de obras y servicios sin garantizar el cumplimiento de los criterios legalmente establecidos en los procesos de contratación pública, "quebrantando los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad que deben regir la licitación administrativa".

De este modo, para la magistrada, de las diligencias practicadas se infiere que manipuló ofertas y precios, "ocasionando con ello un perjuicio económico a la Administración pública, al eliminar la posibilidad de que el contrato se pudiera haber adjudicado a la empresa que hiciera la oferta realmente más ventajosa, causando así un grave fraude a un ente público y consiguientemente al bienestar social y a la ciudadanía".

Asimismo, en la resolución judicial se indica que, todo ello, "a cambio de la percepción de regalos y obsequios de elevado importe", tales como botellas de vino, relojes, joyas, plumas, antigüedades y otras prebendas, así como de dinero y comisiones consistentes en un porcentaje del presupuesto licitado, ya acordado previamente entre ambas partes, "al ser este presupuesto modificado, redactado y aumentado" en muchas ocasiones por el propio investigado.

BENEFICIADO CON TRABAJOS

En el auto se afirma también que, "al mismo tiempo, el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil se vio beneficiado mediante los trabajos de obras, reparaciones y reforestaciones que le venían realizando con habitualidad algunas de las empresas adjudicatarias de las obras y servicios dependientes de los entes públicos donde prestaba sus funciones".

DELITOS

Según sostiene la magistrada, estos hechos podrían ser constitutivos de varios delitos de fraudes y exacciones ilegales, falsedad documental, tráfico de influencias, intervención fraudulenta en contrataciones públicas, manipulación para alterar el precio de concursos públicos, revelación del deber de guardar secreto, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y delito de prevaricación y cohecho.

La jueza apunta que supuestamente estarían implicados, además de Francisco Fernández Liñares, trece empresarios y dos funcionarios públicos de la Confederación.

Asimismo, el principal investigado, según se recoge en el auto de fin de instrucción, podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, al haber utilizado para sus propios intereses particulares un vehículo con conductor puesto a disposición de la Confederación por una empresa, vehículo con el que supuestamente Liñares realizaba viajes particulares que nada tenían que ver con el objeto del contrato, "y a pesar de que en su condición como presidente ya disponía de un vehículo oficial y de chofer".

Asimismo, la jueza considera que Liñares supuestamente habría impuesto a la empresa la contratación de una persona en particular para el cargo de conductor de su confianza.

DILIGENCIAS

Finalmente, también se han investigado las supuestas irregularidades cometidas por Francisco Fernández Liñares en relación a una persona para el cargo de jefa de prensa, contratada por una empresa externa.

Para llegar a estas conclusiones la jueza se apoya en diligencias de intervención telefónica, de entrada y registro, de seguimiento y vigilancia, declaraciones de investigados y testificales, análisis de los expedientes administrativos verificados e informes y atestados presentados, tanto por Vigilancia Aduanera como por la UOPJ de la Guardia Civil.

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