Este es uno de los principales mensajes que ha trasladado el vicepresidente de la Junta tras presentar en el Consejo de Gobierno el anteproyecto de Ley que regulará la citada conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, un compromiso de legislatura del presidente, Juan Vicente Herrera, que asume también una PNL aprobada en 2016 promovida por el Grupo Socialista según la cual el anteproyecto tenía que estar listo en 2017.

"Llega 20 días tarde", ha ironizado el vicepresidente ante las críticas de los socialistas al contenido de este anteproyecto presentado ya en la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).

"Es una ley sencilla", ha asegurado también De Santiago-Juárez, que ha pedido la tramitación urgente del dictamen que debe elaborar el Consejo Consultivo de Castilla y León como garantía de respeto del ordenamiento jurídico para la aprobación definitiva por el Consejo de Gobierno y la posterior remisión a las Cortes de Castilla y León.

Según ha recordado el consejero de la Presidencia, entre las principales funciones de la Conferencia de alcaldes y presidentes de diputación destacan el análisis de las grandes directrices de las políticas públicas, sectoriales y territoriales que tengan trascendencia autonómica o que excedan de los intereses de una sola entidad local.

Este foro busca también estudiar los asuntos de "importancia relevante" para la Comunidad Autónoma que puedan afectar a los ámbitos competenciales autonómico y local e intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas que puedan afectar a las otras administraciones con el fin de asegurar la coherencia entre ellas.

Potenciar las relaciones de cooperación de la Junta con los gobiernos de las entidades locales o impulsar y orientar los trabajos de otros órganos de cooperación y colaboración", son otros de los objetivos de este marco de encuentro que, tras sus constitución formal con la publicación de la ley en el Bocyl, se reunirá una vez al año, con independencia de otras reuniones con carácter extraordinario de asistencia "indelegable" e insustituible.

El presidente de la conferencia de alcaldes será el presidente de la Junta y la vicepresidencia recaerá en el presidente de la FRMP. Además y según ha detallado el consejero, cada seis meses se reunirá la Comisión Permanente con el objeto de preparar los posibles asuntos a tratar en la conferencia y evaluar los acuerdos y recomendaciones adoptados que tendrán consideración de "compromisos políticos".

EL ESTATUTO DEL CONCEJAL EN SEPTIEMBRE DE 2019

En cuanto al Estatuto del Concejal, que entrará en vigor en septiembre de 2019, una vez celebrados los comicios municipales de junio del próximo año, regula la relación con los grupos políticos y se establecen las condiciones para la constitución de un grupo mixto para lo que será necesaria una representación de, al menos, un 10 por ciento del total de los miembros de la entidad local, con un mínimo de dos.

También se contemplan las circunstancias para pasar a la condición de miembros no adscritos, así como un régimen supletorio de la Junta de Portavoces, ante la falta de reglamento orgánico en una entidad local.

Como principal novedad, el Estatuto del Concejal incorpora la obligación de la grabación de los plenos según el tipo de entidades locales de modo que en las de más 20.000 habitantes, se deberá grabar en audio y en vídeo; en las de más de 5.000 habitantes, en audio; en las más de 1.000 habitantes, en audio si se acuerda por el Pleno, mientras que en las de menos de 1.000 habitantes no hay obligación. También, se regula el derecho de participación a distancia en casos de embarazo, maternidad/paternidad o enfermedad grave.

El Estatuto del Concejal también incluye como novedad que los miembros de la entidad local, incluidos los que desempeñen cargos en régimen de dedicación exclusiva, sólo podrán recibir indemnizaciones por los gastos ocasionados por el ejercicio del cargo cuando sean efectivos y previa justificación documental, según las normas de aplicación general en las administraciones públicas y las que en este sentido apruebe el Pleno.

Según este anteproyecto de ley, los miembros de las entidades locales que incumplan reiteradamente con el deber de asistencia a los Plenos

sin justificación suficiente -tres consecutivos o un tercio de las sesiones anuales convocadas- serán sancionados con una cantidad equivalente a la indemnización dejada de percibir por cada falta de asistencia.

Según recoge el nuevo texto, el acceso al registro de Bienes Patrimoniales de cada entidad local tendrá carácter público de manera que podrán acceder al contenido completo del registro los órganos judiciales para la instrucción o resolución de procesos que requieran el conocimiento de los datos que obren en el registro, de conformidad con lo dispuesto en la normativa procesal; el Ministerio Fiscal cuando realice actividades de investigación en el ejercicio de sus funciones; y el Defensor del Pueblo o el Procurador del Común de Castilla y León.

El tercer capítulo del nuevo documento legal recoge como contenidos principales que las sesiones de los plenos serán públicas por lo que los ciudadanos podrán asistir a las sesiones plenarias hasta completar el aforo.

Este apartado del anteproyecto de ley también regula que los medios de comunicación tendrán derecho en los plenos a un espacio reservado para poder cumplir con su derecho de información y que las entidades locales podrán promover la grabación y publicación de las sesiones plenarias en plataformas accesibles para la ciudadanía (internet o redes sociales).

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