La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha afirmado que "se hará un control exhaustivo" por parte de su departamento para que los protocolos de personas solas "se cumplan a rajatabla" y "se cubran las posibles lagunas existentes", después del fallecimiento de una persona usuaria de la Residencia privada-concertada de Mayores 'Francisco Ortíz' de Quesada (Jaén) en las urgencias del Hospital de Úbeda tras doce horas esperando en una camilla sin que nadie se percatara de su presencia.

En este sentido, y durante su comparecencia en comisión parlamentaria, la consejera ha recordado que ya existen y funcionan los protocolos de atención a personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales, al tiempo que ha manifestado que "hay una coordinación precisa y necesaria que a veces es muy compleja, sobre todo cuando las personas son muy vulnerables desde un punto de vista sanitario, y a eso se le une su vulnerabilidad social".

Pero, insiste, "el protocolo hasta ahora ha funcionado adecuadamente y no ha habido problemas, y si ahora ha habido tiene que haber alguna causa, por eso hay que llegar hasta el final".

En su intervención, la consejera ha detallado los hechos y las actuaciones que está realizando la consejería tras el fallecimiento de esta mujer. En primer lugar, ha dejado claro que "se trabaja continuamente, y lo seguirán haciendo, para mejorar y avanzar en la atención a las personas".

De este modo, ha destacado la Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de contrato para el ingreso de personas mayores en situación de dependencia en centros residenciales del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía. En concreto, se ha destacado todos los apartados que contiene la normativa y modificaciones para ofrecer y dar el mejor servicio a la ciudadanía.

La consejera ha indicado que la persona ocupaba desde el 11 de julio de 2017 una plaza de gran dependiente en una residencia concertada con la Junta de Andalucía. Según ha relatado, cuando se producen los hechos, de forma inmediata, la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Jaén ordena al Servicio Provincial de la Inspección de Servicios Sociales la apertura de un expediente informativo. A continuación, el 29 de diciembre último se lleva a cabo una Actuación Inspectora Extraordinaria de Oficio en la residencia.

Sánchez Rubio añade que actualmente la actuación iniciada por la consejería ha sido suspendida al iniciarse una investigación judicial, que está aún abierta.

Además, ha explicado que conforme a las actuaciones realizadas por la inspección, el centro cuenta con toda la documentación y todos los permisos necesarios para su funcionamiento. Las tres últimas visitas a la residencia se realizaron en el marco del plan anual de inspección, sin que se detectara ningún tipo de incumplimientos. El centro tiene renovada su acreditación y autorizaciones pertinentes hasta el próximo 23 de mayo de 2018, con una capacidad asistencial máxima de 35 personas mayores asistidas.

Por último, la titular de Igualdad y Políticas Sociales ha reiterado "la preocupación por mejorar y evitar hechos tan lamentables como éste", al mismo tiempo que ha expresado su confianza en que se dilucide con la investigación judicial abierta "qué es lo que sucedió". Asimismo, ha recalcado que "independientemente del resultado, seguiremos trabajando para mejorar la atención a las personas".

Por su parte, la diputada de IU Elena Cortés ha señalado que su partido ha planteado en un par de comisiones la necesidad de aumentar las ratios en la residencia de personas mayores, donde "hay una enorme sobrecarga de trabajo", al tiempo que ha criticado la intervención este miércoles de la consejera de Salud, Marina Álvarez, en comisión, que "poco menos venía a indicarnos que la señora murió porque le llegó su hora y que no había absolutamente ninguna necesidad de cambio", afirma.

Así, quiere saber en qué medida lo ocurrido puede provocar un cambios en los protocolos de acompañamiento y en los decretos que regulan las ratios de trabajadores en las residencias, de manera que "aseguremos que la red de protección pública es efectivamente una red de protección social".

Desde Podemos, Mercedes Barranco asegura que la circunstancias de la muerte de esta mujer "son cuando menos vergonzosas para cualquier sistema público de servicios sociales y sanitario". Además, apunta que la consejería "debería tener prioridades y ver qué ocurrió para implementar medidas preventivas que eviten que esto vuelva a ocurrir", porque "esta mujer murió en un limbo que duró doce horas en las que no sabemos qué pasó".

PODEMOS ABOGA POR REVISAR LOS PROTOCOLOS

"Hay una responsabilidad penal, una administrativa y una política sobre la que hoy debatimos y que tiene que ver con el diseño y financiación de un sistema de servicios públicos garantista con las vidas humanas", manifiesta, al tiempo que apuesta por revisar el protocolo, porque "una persona vulnerable no puede quedarse sola en la sala de urgencias de un hospital".

La popular Amelia Palacios asegura que "no es la primera vez que esto ocurre, porque anomalías de este tipo, no tan graves pero igualmente preocupantes, se dan con cierta frecuencia"; pero, continúa, este caso "tiene una serie de elementos que pueden hacernos dudar no solo del funcionamiento del sistema de salud sino que puede tener implicaciones con otros servicios de Igualdad". Además, asegura que el PP "no intenta sacar rédito político" de esta situación, sino que "nos mueve el interés general de los andaluces", porque "es imperdonable que una sola persona fallezca esperando a ser atendida en un servicio de urgencias".

El diputado Julio Díaz ha manifestado que "se acercan a este hecho con total prudencia y espíritu constructivo" y aboga por "mejorar los protocolos y la ratio" para lo que "hacen falta recursos". "Para mejorar estas política públicas esenciales y fortalecer la red de protección social se necesitan recursos y Ciudadanos ha estado ahí y estará fortaleciendo el estado de bienestar en Andalucía". Por último, insta a la consejera a que comparezca a petición propia cuando tenga toda la información, "porque queremos saber si los servicios públicos han funcionado bien".

Soledad Pérez del PSOE ha puesto en valor el protocolo de 2007 que "tiene un recorrido de éxito de diez años", y ha indicado que el de Úbeda "es un caso que hay que analizar individualmente", por lo que "poner en cuestión el sistema de servicios sociales en su conjunto, pegar una patada a toda la normativa, a toda la inspección, ratios y residencias es una falta de rigor y un alarmismo por algunos grupos políticos, que tienen muchas ganas de sacarle rentabilidad" a este asunto.