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El secretario de la Agencia Valenciana de Turisme (AVT), Francesc Colomer, ha anunciado que este departamento sacará en breve un concurso por 55.000 euros para inspeccionar al año unas 3.000 viviendas incluidas en el registro para alquiler turístico y verificar desde el número de anotación hasta que la veracidad de las características aportadas por los propietarios, con el fin de garantizar a los visitantes que la oferta cumple con sus expectativas.

Así lo ha señalado Colomer, quien ha presidido este jueves la reunión de la Comisión de Intrusismo de la Comunitat Valenciana, en la que participan administraciones públicas asociaciones y agentes del sector turístico para acordar instrumentos contra la competencia desleal.

Colomer ha destacado que en 2017 se abrieron 13 expedientes sancionadores contra plataformas turísticas por diversos incumplimientos con la normativa valenciana y ha recordado que un juzgado dio la razón al Consell sobre la obligatoriedad de que las viviendas publicitadas en ellas incluyan el número de registro que debe identificarlas como oferta turística de alquiler.

El pasado año se dieron de alta en el registro de alquiler turístico de la Comunitat Valenciana un total de 16.189 viviendas, 5.000 más que el año anterior, 22.696 de ellas en Alicante, 7.959 en València y 7.449 en Castellón. No obstante, Colomer ha señalado que, según estimaciones no oficiales, más de un 50 por ciento de la oferta de apartamentos en la Comunitat son ilegales.

Por ello, ha destacado la importancia de la sentencia del 23 de noviembre del juzgado de lo contencioso número 2 de València que desestimó una recurso de la plataforma de alquiler HomeAway contra una sanción impuesta por la AVT por no obligar a incorporar en las viviendas que se ofertaban en su página el número de registro.

Colomer ha exigido al Gobierno de Mariano Rajoy que "termine con las políticas de austericismo" para poder al menos duplicar el número de inspectores ya que los 10 de la Comunitat Valenciana, tres en Castellón, dos en Valencia y cinco en Alicante, resultan "claramente insuficientes". En ese sentido, ha constatado que se disponen del mismo número de funcionarios que hace diez años pese a "la eclosión" que ha registrado el sector con la llegada de estas plataformas turísticas digitales.

Además, ante esta carencia, han encargado un informe a la Abogacía de la Generalitat para determinar la legalidad de externalizar una labor de detección previa de apartamentos ilegales que facilite después el trabajo a los inspectores. Asimismo, en 2018 se quiere generalizar los acuerdos con todos los municipios turísticos para contar con la colaboración de las policías locales ante el éxito de la experiencia piloto del pasado año.

GUÍA DIDÁCTICA

Además, se ha llegado a un acuerdo con el Colegio de Administradores de Fincas para distribuir entre las comunidades de vecinos una guía didáctica sobre toda la legislación de los apartamentos turísticos y se sacará una línea de 660.000 euros por concurrencia competitiva para divulgar campañas contra el intrusismo

Colomer ha destacado que hay que hacer "una apología en defensa de esta manera de viajar y de alojarse pero siempre que sea reglada" y para ello se debe también de crear un estado de opinión pública en el

que "todos entendamos que la economía sumergida daña la imagen y la reputación de un territorio porque solo un modelo profesional da garantías de calidad y defensa al consumidor".

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