Hasta ahora, el reparto del 0,7 por ciento correspondía al Gobierno de España, pero desde 2017 lo aplican las Comunidades autónomas. La diputada del PP, Ana Marín, ha asegurado que el gobierno de Javier Lambán "ha convertido este reparto en un auténtico caos, provocando grandes perjuicios a las entidades sociales".
Por ello, ha avanzado que el PP presentará enmiendas a los presupuestos, de modo que "Cruz Blanca Huesca recuperaría 1.300.000 euros que el Gobierno de Aragón le ha negado y podría seguir atendiendo a las necesidades sociales como lo lleva haciendo hasta ahora".
Asimismo, ha asegurado que presentarán enmiendas "a favor de la Asociación de Familias Numerosas, de la Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares, de Atades o Cáritas, de todas esas asociaciones a las que el Gobierno de Aragón les ha dicho no".
Prevén detraer esas cantidades de dinero de otras partidas presupuestarias que el PP considera que "se han hinchado". De no aprobarse sus enmiendas, plantearán dos iniciativas parlamentarias, a través de modificaciones presupuestarias y a través de la suscripción de convenios.
En el caso de Cruz Blanca Huesca, Marín ha indicado como ejemplo que en 2016 recibió de este reparto llevado a cabo por el Gobierno de España 1.300.000 euros, pero este año, con la distribución de fondos llevada a cabo por el Ejecutivo aragonés, ha recibido 300.000 euros, lo que le impide seguir desarrollando sus programas de atención a las personas más necesitadas y desfavorecidas.
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