Valcárcel, que presidió el Comité de las Regiones en la Eurocámara, ha comparecido este miércoles ante la comisión territorial del Congreso que analiza el desarrollo del Estado autonómico y que este miércoles escucha a otro expresidente autonómico, el canario Jerónimo Saavedra, y a dos ex ministros de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla y Rafael Arias Salgado.

El político murciano, para quien la solución a muchos conflictos no requiere inevitablemente una reforma constitucional, ha admitido que existe un problema de "encaje" de Cataluña que requiere atención, pero lo ha equiparado con otros dos problemas "vitales" para el futuro del país: el agua y la educación.

PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL

Con respecto a la primera, ha reclamado que se recupere un plan hidrológico nacional que prevea trasvases de las cuencas con excedente de agua a las deficitarias, lo que sería "la absoluta plasmación del principio de solidaridad que recoge la Constitución", ha dicho.

En cuanto a la educación, ha reivindicado un pacto de Estado sobre la materia porque está en juego la convivencia futura de los españoles, ha dicho. Ha apostado entre otras cosas por que sea el Gobierno el que diseñe las materias troncales para evitar que a través de asignaturas como la historia "se abran distancias insalvables" entre ciudadanos, y por que pueda recuperar la competencia si una autonomía se comporta con deslealtad, "si se mantiene la incitación al odio".

"Es necesario atajar cuanto antes los dogmas que propician el desencuentro a edades demasiado tempranas", ha dicho Valcárcel, para quien el Estado tiene que mantener la capacidad de retirar una competencia cuando no se ejerza de manera leal con el resto del país.

INCLUIR LA LEALTAD EN LA CONSTITUCIÓN

El expresidente autonómico ha reclamado precisamente que esa lealtad institucional se incluya en la Constitución si se abre la reforma; en su opinión, es un principio que debe regir las relaciones entre administraciones y estar protegido por la Carta Magna.

Una futura reforma constitucional también debería servir a su juicio para incluir la pertenencia de España a la Unión Europea y para eliminar la prevalencia del hombre sobre la mujer en la Jefatura del Estado. Para el resto, de asuntos, ha insistido Valcárcel, la reforma no es el único camino.

Es el caso de la financiación autonómica, ha defendido, cuya reforma ve urgente especialmente para comunidades como la suya, Murcia. "Es imprescindible el acuerdo y que quede blindado como herramienta justa, equitativa y a salvo de vaivenes políticos", ha reclamado.

Otro asunto es el Senado; también en este caso Valcárcel cree que podría mejorar su funcionamiento con una reforma de su Reglamento, sin tocar la Constitución, por ejemplo para convertirla en cámara de primera lectura en asuntos autonómicos.

Valcárcel ha admitido que hay muchas posibles reformas de la Cámara Alta y que todos están de acuerdo en hacer algo pero nadie lo ha hecho en 40 años. De entre todas las alternativas, él se ha mostrado partidario de que los senadores sigan siendo en cualquier caso parlamentarios elegidos por los ciudadanos y no representantes de los gobiernos autonómicos. Este sistema, que sigue el modelo del Bundesrat alemán, no encaja a su juicio con el modelo español.

CONTRA LOS REFERENDOS

Ramón Luis Valcárcel ha defendido la "excelente salud" de la Constitución y ha insistido en que no se cierra a su reforma, sino que cree que hay otros caminos que generan menos enfrentamiento y producen llevan también a soluciones.

En cualquier caso, ha dicho, "es también clave dibujar líneas rojas" y no caer en las dos trampas que a su juicio tienden tanto el nacionalismo como el populismo. Por un lado, "dejarse intoxicar" por la preeminencia del referéndum como herramienta máxima de expresión popular. Sería un error, ha dicho, "otorgarle más consideración" a esta forma de consulta y el Brexit es, en su opinión, un ejemplo.

Por otro, ha advertido de que la reforma del modelo territorial "no es un fin en sí mismo sino una vía para lograr más bienestar social" y

para este objetivo no es imprescindible modificar la Constitución, ha insistido.