La Palma del Condado fue uno de los municipios de la provincia de Huelva más castigados por la represión franquista. En el año 1936, apenas se superaban los 8.000 habitantes de los que más de 500 fueron asesinados según la Asociación de la Memoria Histórica.

Los testimonios de los vecinos de La Palma apuntan que, junto al antiguo cementerio, hay más de 200 cuerpos de represaliados que fueron enterrados en una fosa común. Los testigos comentan que no sólo hay ciudadanos de La Palma sino de toda la comarca del Condado.

La polémica ha surgido esta semana tras la denuncia de la Asociación de la Memoria Histórica que alertaba de que, según el plan urbanístico del municipio, está previsto construir más de 200 viviendas en la zona donde estaría la fosa.

Por este motivo, los familiares de las víctimas han solicitado que los cuerpos sean trasladados al nuevo cementerio y que se erija allí un monolito en memoria de los caídos "para que nunca sean olvidados".

Por su parte, la empresa constructora ha asegurado que "donde está la fosa común se ubicará una nueva plaza con zonas verdes y no se edificará ninguna vivienda". Sin embargo, según la Asociación, el alcalde de La Palma y promotor de las obras, Juan Carlos Lagares, pretende seguir con la urbanización de la zona antigua del cementerio a pesar de que "la Ley de Memoria Histórica obliga a respetar esas fosas".

Las reacciones

El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, ha adelantado que "llevará el asunto hasta el Parlamento de Andalucía" para evitar lo que considera "una barbaridad". IU cree que es un caso "escandaloso".

En esta línea, también se ha pronunciado el portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE, Mario Jiménez, que ha destacado que es fundamental que se pueda vigilar el movimiento de tierra en la zona y, así, verificar que ahí está la fosa común, exhumar los restos de los cuerpos y "darles un descanso digno".

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