La ex dirigente de Unió Mallorquina (UM) fue condenada por un delito de cohecho por importe de cuatro millones de euros, que fueron exigidos por la acusada y otros dos cargos del Consell a un empresario para conseguir la adjudicación de los terrenos de 'Can Domenge'. El pago se realizó en el año 2006 y el dinero se lo repartieron los acusados, según los hechos probados.
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