En la iniciativa, consultada por Europa Press y a debatir en la comisión de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, la coalición de izquierdas plantea a la Junta que adopte las medidas que sean necesarias en aquellos puertos que tienen en sus poblaciones graves problemas de paro y exclusión social, y que hayan sido perjudicados en el reparto de cuotas en las pesquerías de sardina, boquerón y jurel.

Del mismo modo, reclama que se aborde una regulación homogénea sobre el control de capturas en lonja, "de modo que todos los puertos obedezcan a los mismos criterios, y que ese control se realice desde la Administración".

IULV-CA también apuesta por que el Gobierno andaluz impulse las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para garantizar unos precios mínimos de venta de los productores pesqueros a los comercializadores; así como le exige el cumplimiento del pago de las ayudas concedidas y no abonadas al sector pesquero.

Por último, la formación que lidera Antonio Maíllo solicita que la Junta impulse, en el marco de sus competencias y con el consenso de los agentes sociales, un marco regulatorio de condiciones de trabajo en el que se incluyan medidas para la protección social de los trabajadores del mar ante las circunstancias de las pesquerías, así como que se regulen el resto de condiciones laborales de las plantilla.

Como sostiene IU en la PNL, las últimas noticias sobre las pesquerías de sardina, boquerón y jurel en las costas gaditanas "son muy preocupantes", y se centra en la sardina para advertir de que, según los informes científicos, "ha sufrido un notabilísimo descenso de biomasa".

Tras incidir en que la pesca sigue siendo el motor de muchos municipios gaditanos, especialmente en Barbate; la formación recuerda que miles de familias sobreviven, directa o indirectamente, de la pesca y que el cierre de las pesquerías, al menos el de la sardina, "sería una noticia definitiva para considerar Barbate como zona catastrófica en términos de paro".

IU avisa de que si no se cierra la pesquería, "la temporada de capturas se reduciría a seis meses y, con ello, se pondrían en riesgo centenares de puestos de trabajo de la marinería que directamente viven de estas capturas", aunque incide también en que existen algunas circunstancias exógenas a la propia pesca que están contribuyendo a la disminución de la especie.

Por un lado, defiende que hay que centrar esfuerzos en el control de las capturas ya que, según plantea alguna parte del sector, existen diferentes modelos para el control en lonja de estas capturas, "y nos preocupa que eso sea así y no exista un control exhaustivo por la Administración, único agente que debe considerarse puramente objetivo en todo este entramado, en todas las lonjas y para todas las capturas".

Asimismo, explica IU que se está produciendo una rebaja de los precios tanto por la sobrepesca como "por la tentación de las grandes comercializadoras de lograr bajos precios en origen para aumentar sus beneficios en la parte final de la venta al público". Por ello, reclama que se actúe combatiendo la sobrepesca y garantizando unos precios mínimos en origen que permitan que los pescadores tengan garantizados sus correspondientes beneficios en la actividad.

Y por último, la coalición también incide en que debe abordarse prioritariamente la protección social de la marinería y, en general, de los trabajadores del mar en toda su condición; así como ve necesario hacerse eco de las reclamaciones de las empresas y la marinería sobre las ayudas públicas concedidas "y que nunca llegan".

"En definitiva, toda una serie de cuestiones que condicionan, y mucho, la actividad pesquera en la provincia de Cádiz, y que pueden suponer, especialmente para el caso de Barbate, la propia supervivencia de su principal sector económico", zanja el grupo parlamentario de IULV-CA en su texto.