El pasado 15 de diciembre, y a instancia del alcalde, Joan Ribó, la Junta de Gobierno Local aprobó proponer la personación del Ayuntamiento por estos hechos al considerar que "podrían ser constitutivos de un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y un delito de desórdenes públicos, según detalla la propia Brigada Policial de Información de València de la Jefatura Superior de Policía", ha explicado el Ayuntamiento.

Igualmente, ha apuntado que en la interlocutoria del citado juzgado -del pasado 31 de octubre- se hacía ofrecimiento a la administración local para que emprendiera las acciones pertinentes por los posibles daños sufridos.

De este modo, Ribó propuso a la Junta de Gobierno Local "el ejercicio de acciones para la defensa de los intereses públicos que corresponde defender" al consistorio y "garantizar los derechos de toda índole, incluidos los patrimoniales, que puedan haberse visto afectados por las actuaciones objeto de instrucción penal".

El primer edil ha manifestado que "es indiscutible, además, la obligación municipal, dentro de sus competencias, de realizar toda acción que se considere necesaria en vista a preservar el orden público y garantizar la seguridad ciudadana".

"Además, tenemos un compromiso firme con la democracia y el derecho de cualquier persona a manifestar sus ideas propias, como derecho constitucional. En definitiva, el derecho a la discrepancia sin recurrir en ningún caso a la violencia, como hicieron los grupos ultras el pasado 9 d'Octubre", ha planteado Joan Ribó.

El responsable municipal ha considerado que es "una obligación del Ayuntamiento" y "un deber que se ha marcado el gobierno municipal, trabajar para erradicar los delitos de odio" y las "actitudes de confrontación al legítimo derecho de manifestación".