El proceso, que este viernes ha vivido su última sesión en la que se han presentado los informes finales de las defensas de los acusados María Teresa González, Francisco Javier Páez, Ana María Ruiz, Bitton y Luis Oliver, ha estado marcado por el acuerdo transaccional firmado en la noche del 27 al 28 de julio de 2017 por Farusa -sociedad vinculada al expresidende Manuel Ruiz de Lopera y titular del paquete mayoritario de acciones-, Bitton -sociedad representada por Luis Oliver que acordó en 2010 la compra de las acciones de Farusa-, el Real Betis y las asociaciones Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos, presentes en la causa como acusación.

Tras la firma de este acuerdo, el Real Betis, Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos apartaron su acusación en el proceso, quedando sólo la asociación Béticos por el Villamarín, al frente de la cual se encuentra el que fuera presidente del club Hugo Galera, como acusación.

Además, el Ministerio Fiscal, que aplica las atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño, rebajó de tres años a seis meses de prisión, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros -diez euros diarios durante 12 meses-, su petición de condena para el expresidente del Real Betis. Esta decisión del Ministerio Público se basó en base al acuerdo alcanzado por la defensa de Lopera y las acusaciones que ejercían Por Nuestro Betis y Liga de Juristas Béticos y el propio club.

Por su parte, Béticos por el Villamarín, que retiró la acusación contra el exvicepresidente del Betis Ángel Martín, que al no estar acusado por la Fiscalía quedó absuelto, y contra Luis Oliver, aunque en este caso la asociación sí mantiene la petición de responsabilidad civil, en su informe final ha ratificado la petición de prisión de 14 años para el ex máximo mandatario del Betis y seis millones de indemnización -rebajada de los 26 millones pedidos inicialmente- por un delito de un delito societario y de apropiación indebida continuado.

Además, el letrado de la acusación ha solicitado la restitución para la entidad de las 20.662 acciones que en 1995 fueron cedidas a Farusa como pago de una deuda "ficticia". En este sentido, la acusación ha indicado que de no ser posible su restitución se indemnice a la entidad por el valor que fije en tribunal.

La defensa de Manuel Ruiz de Lopera, ejercida por la letrada Encarnación Molino, solicitó en su informe final seis meses de prisión para su cliente, sustituibles por el pago de una multa de 3.600 euros, adhiriéndose así a la solicitud de la Fiscalía.