Firma del convenio
Firma del convenio EUROPA PRESS/JUNTA

"Se trata de una medida impuesta por el juez con carácter sancionador a aquellos menores que han cometido las antiguas faltas, que ahora son delitos leves o de escasa importancia en el Código Penal, y que se orienta a la reeducación del menor para que vuelva a la sociedad con total normalidad", ha explicado Cobo.

Tras incidir en que "es necesario que el menor sea consciente de que el hecho cometido no puede volver a producirse y que tienen que resarcir a la sociedad", la delegada ha valorado "los buenos resultados de esta medida, ya que el 80 por ciento de estos menores no vuelven a delinquir".

Según el convenio, se buscará relacionar la prestación a realizar con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos cometidos y así el juzgado -de acuerdo con las propuestas que desde la Delegación del Gobierno se le ofrecen

con los convenios firmados- decide el número de horas que debe hacer el menor y la actividad a realizar. La media de horas empleadas se sitúa entorno a 50-70, en función de la importancia del delito cometido y su reiteración o no y se suelen llevar a cabo durante los fines de semana, para no perjudicar el horario escolar del menor.

"Gracias a

la colaboración de los Ayuntamientos, se ofrece al juzgado actividades como limpieza de botellón, borrado de pintadas, colaboración con cuadrillas de jardinería o mantenimiento de parques, ayuda en pabellones deportivos para limpieza y orden, ayuda en parque de bomberos en limpieza de vehículos, policía local, o colaboración en los albergues de temporeros...", ha detallado la delegada.

Además, Cobo ha destacado que también hay suscritos convenios con asociaciones y ONGs, "siempre buscando que el menor se conciencie del delito cometido y devuelva a la sociedad con su esfuerzo, el daño causado". Los convenios también contemplan otras colaboraciones como la supervisión de la policía local para informar al juzgado de menores

de aquellos menores que cumplan medidas de permanencia de fin de semana en su domicilio.

Los jueces de menores tienen a su disposición un gran abanico de posibles medidas a aplicar a los menores en sus sentencias, desde una simple amonestación hasta un internamiento en un centro privativo de libertad, pasando por libertad vigilada, talleres socioeducativos, tratamientos psicológicos o de drogodependencias, asistencia a un centro de día, o

convivencia en un grupo educativo etc, recursos que la Junta de Andalucía gestiona en todas las provincias a través de las delegaciones del Gobierno andaluz.

Según las estadísticas, es una de las medidas que más se imponen en todos los juzgados de menores de Andalucía. De los 3.236 menores que iniciaron alguna medida judicial de medio abierto el año pasado el 47 por ciento fueron libertades vigiladas, y la segunda medida más usada, fue la Prestación Básica a la Comunidad con el 13 por ciento (556 en toda Andalucía).

En la provincia de Jaén, la proporción es similar ya que de las 355 medidas iniciadas de medio abierto, 62 fueron Prestaciones en Beneficio de la Comunidad, las demás mayoritarias fueron 98 libertades vigiladas, 66 tratamientos de desintoxicación de drogodependencias y psicológicos (a éstas hay que sumar las reparaciones del daño, extrajudiciales, que fueron 18).

"Se trata, por tanto, de una medida esencial para la Justicia Juvenil y, por tanto, para la reinserción social de los menores, que es la esencia de la justicia de menores", ha concluido Cobo.

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