"El colapso sufrido por varios tramos de estas vías, en plena operación retorno, impidió el tráfico y atrapó durante horas a cientos de vehículos y a sus ocupantes, en muchos casos compuestos por familias y menores", ha señalado en un comunicado.
Por ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado informes a ambos departamentos ministeriales sobre las actuaciones llevadas a cabo para resolver el colapso circulatorio y "para comprobar la coordinación entre los distintos servicios implicados en la operación retorno y en el estado de las vías N-111, AP-68 y A-12 los días 5 y 6 de enero".
El defensor del Pueblo también quiere saber los términos contractuales y compromisos adquiridos por la entidad concesionaria de la AP-68 y la información facilitada a los conductores.
Esta actuación de oficio se une a la iniciada por el colapso sufrido en la AP6 y
la A6 que, el mismo 6 de enero, atrapó también a miles de vehículos.
La Institución lamenta que en los últimos meses "con excesiva frecuencia" se está detectando "un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla".
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