En rueda de prensa, Martínez señala que, concretamente, en 2016 un total de 4.080 personas solicitaron la ayuda al alquiler, de las que "1.294 han sido denegadas y el resto llevan dos años esperando, por lo que el importe de las 2.786 resueltas favorablemente supone 3.850.000, "quedando casi 700.000 euros sin gastar". Además, las resoluciones positivas de estas ayudas "que tenían que cobrarse en 2016 se han resuelto el 21 de diciembre de 2017 y aún no se han cobrado", a lo que suma que de la convocatoria para 2017 en la provincia de Sevilla "ni siquiera se han publicado la subsanación de errores".

"Son unas ayudas que tardan dos años en resolverse y otro año en pagarse, no resuelven el problema de quien no llega a pagar los alquileres, considerando que deben abonarse en el año que se celebra la convocatoria. Son ayudas que generan expectativas, como ha denunciado el Defensor del Pueblo, pero que finalmente no sirven para lo que han sido pensadas", critica.

Martínez ha lamentado que se haya estado "más de cuatro años, desde 2012 a 2016, sin Plan Andaluz de Vivienda, y ahora que la Junta recibe el dinero del Ministerio de Fomento, vamos a reclamar que se invierta el dinero en la política de vivienda".

Detalla que este programa consiste en una ayuda de hasta el 40 por ciento del alquiler de vivienda habitual para familias que tienen difícil acceso a la vivienda. En el convenio firmado, según detalla, el Ministerio de Fomento destina 68.841.180 millones de euros a esta línea para los años 2014-2015 y 2016 en toda Andalucía. En concreto la convocatoria de 2016, establece como techo de gasto para ayudas al alquiler en la provincia de Sevilla la cantidad de 4.166.006 euros, de la que el 91 por ciento es financiación estatal.

En este contexto, Martínez advierte de que los planes de vivienda de la Junta de Andalucía "tampoco están dando resultados". Uno de ellos, el Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler de Viviendas (PIMA), en el que se ponen en alquiler viviendas vacías con la Administración andaluza como intermediaria, ha movilizado "cuatro viviendas vacías, tres en la capital y una en la provincia, en concreto en Umbrete".

También, resalta la "pasividad" a la hora de promover nuevas viviendas sociales en alquiler. Considera que la Junta debe desarrollar los suelos que son de su titularidad, concretamente aquellos que fueron transferidos con motivo de la deuda histórica, como el de la Ronda del Tamarguillo o el del cuartel de Eduardo Dato, unos suelos que "deberían desarrollarse para los sevillanos". "Hay que recordar que más de 20.000 personas en la provincia y 12.000 en la capital son demandantes de vivienda en alquiler", agrega, añadiendo que "casi el 50 por ciento de los desahucios son por arrendamiento, puesto que los desahucios de ejecuciones hipotecarias, están bajando gracias a las medidas de suspensión de los desahucios aprobadas por el Gobierno de la nación".

La parlamentaria destaca que desde 2015 hasta la fecha se han producido en la provincia de Sevilla 2.355 desahucios por motivo de alquiler y 2.029 por motivo de ejecuciones hipotecarias y 449 por otros motivos, lo que da un total de 4.833 lanzamientos de viviendas en dos años y tres trimestres, con "casi cinco desahucios diarios". "Es decir se repite la historia: nulo interés por la vivienda, convocan tarde, mal y no pagan a los sevillanos", lamenta.

Por todo ello, Martínez subraya que el PP va a pedir la comparecencia del consejero de Fomento y Vivienda para que dé explicaciones sobre en qué se han invertido "los casi 70 millones de euros que el gobierno de Rajoy ha firmado con Andalucía para ayudar a los andaluces a pagar el alquiler y por qué los sevillanos llevan más de año y medio sin cobrar las ayudas del alquiler".

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