Comisiones Obreras denuncia que la interpretación "restrictiva" de las normas está "acorralando" a las personas inmigrantes que residen en Cantabria, algo más de 30.000 (el 5,5% de la población), que "han visto cómo se han complicado las posibilidades de vivir y trabajar legalmente y con derechos".

El sindicato considera que "con la excusa de la crisis se ha cerrado aún más el margen para las personas inmigrantes y eso empuja a situaciones de irregularidad sobrevenida".

"Están acorralando a los trabajadores extranjeros que tratan de cumplir unas normas llenas de trampas", afirma Rosa Mantecón, responsable de la Secretaría de Política Social y Migraciones de CCOO en Cantabria, donde se ha atendido en 2017 a 223 personas de 26 nacionalidades.

Según informa el sindicato en nota de prensa, se han atendido 785 consultas de todo tipo: extranjería, alegaciones y recursos administrativos, gestión ante consulados y embajadas, asesoramiento laboral, reagrupación familiar, procedimientos de nacionalidad, protección social, e incluso atención inicial a mujeres víctimas de violencia de género.

Al sindicato le preocupan tres situaciones especialmente. La primera tiene que ver con los "impedimentos" a las personas inmigrantes ya nacionalizadas españolas (1.227 en 2016 en Cantabria) para lograr la reagrupación familiar, a las que se exige, por ejemplo, demostrar que han transferido el 51% del PIB per cápita del país de origen a cualquier hijo mayor de 21 años que quieran traer a residir con ellos.

La segunda es "la constatación de que muchas personas migrantes deban aguantar situaciones de abuso laboral para obtener los días cotizados exigidos para renovar el permiso de residencia y así no caer en situación irregular sobrevenida".

La tercera situación "preocupante" es la de las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género que sufren "una doble victimización al tener que enfrentarse a dos aparatos normativos: el de la justicia ordinaria y el del reglamento de extranjería".

Además, Mantecón muestra su "preocupación" por la "posibilidad" de que el nuevo marco legal de la renta social básica en Cantabria sea "más restrictivo, cierre más puertas a los inmigrantes y afecte a la ya precaria calidad de vida de muchas de estas personas y de sus familias".

De las 223 personas atendidas por CCOO el año pasado, 87 accedieron por primera vez al servicio de asesoría y acompañamiento y el resto han obtenido el asesoramiento y seguimiento de CCOO en Cantabria en sus procesos administrativos, laborales y legales.

De los trabajadores extranjeros que han obtenido el apoyo del sindicato por primera vez, las nacionalidades de origen mayoritarias han sido Colombia y Perú, aunque proceden de 26 estados diferentes.

Del total de consultas, la mayoría han sido realizadas por personas originarias de Colombia, Perú, Ucrania, Moldavia, Ecuador, Senegal y Marruecos, aunque hay trabajadoras y trabajadores de 35 nacionalidades diferentes.

"Aunque haya una reducción de personas inmigrantes como consecuencia de la crisis", argumenta Mantecón, "nuestro trabajo es ahora más complejo, porque ya no es sólo colaborar con los papeles, sino que los acompañamos en asuntos laborales, en la situación social en la que se encuentran, en asuntos de violencia de género o de precariedad...".

"Desde CCOO apostamos por la migración regular y ordenada, pero la mirada restrictiva y criminalizadora de las administraciones está generando graves situaciones humanitarias", concluye la sindicalista.

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