Inmigrantes en Lucena del Puerto (Huelva).
Inmigrantes en Lucena del Puerto (Huelva). EUROPA PRESS/GUARDIA CIVIL

En concreto, dos de ellos, vecinos del municipio, realizaban las gestiones y un tercero, de nacionalidad marroquí, actuaba de intermediario, llegando a cobrar entre 150 y 300 euros por empadronamiento, según detalla el Instituto Armado en un comunicado.

Los hechos suponen un delito contra los derechos de los extranjeros, ya que estas personas facilitaban empadronamientos en la citada localidad a inmigrantes que buscaban regularizar su situación en España, con ánimo de lucro, siendo un total de 90 afectados de diferentes nacionalidades.

La operación, denominada 'Maglo', comenzó el pasado verano cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que un vecino estaba empadronando a personas de diferentes nacionalidades en dos viviendas de su propiedad a cambio de dinero.

Estas personas no tienen recursos económicos, no conocen el idioma en muchos casos, son inmigrantes irregulares que buscan empadronarse en la localidad para solicitar posteriormente tarjetas de residencia, prestación sanitaria o ayudas de prestación social.

DIFÍCIL LOCALIZACIÓN

Tras varios meses de investigaciones, contando con la colaboración de la Policía Local y con el Ayuntamiento de la localidad, se localizaron las viviendas donde supuestamente se alojaban estas personas, aunque en realidad no vivían allí, y eran muy difícil de encontrar ya que o no estaban ya en la zona, o vivían en asentamientos chabolistas o en otras localidades.

A primeros de diciembre y tras conseguir manifestaciones de varias de las víctimas, se procedió a la detención del presunto autor, este vecino del pueblo, de nacionalidad española, pero, según avanzaban las investigaciones, se localizó otra vivienda cuya propietaria utilizaba el mismo modus operandi.

En esta ocasión la supuesta autora es una mujer, también vecina de Lucena, que tenía empadronadas en su casa a 30 personas. Tras identificar a varias de estas personas, manifestaron que habían pagado entre 150 y 200 euros aproximadamente, procediéndose a su detención.

También se ha detenido a una tercera persona, de nacionalidad marroquí, que supuestamente ha estado realizando labores de intermediario, convenciendo a las víctimas para que se empadronaran en una de las citadas viviendas.

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