Fernández, que en todo momento ha hablado de cese y no de despido, ha señalado a Europa Press que la salida de estos dos trabajadores es la medida más inmediata que ha adoptado como presidente del patronato de esta fundación que gestiona la residencia de ancianos del municipio. Los dos trabajadores habían sido contratados para el refuerzo de la plantilla en las fechas navideñas y así garantizar los periodos de vacaciones del personal.

El alcalde ha trasladado sus "más sinceras disculpas" tanto a la anciana residente como a su familia por los hechos ocurridos en la noche del pasado 23 de diciembre y ha señalado que toda la información que se ha tenido se ha trasladado a la familia para que "sepan en todo momento los pasos que estamos dando para esclarecer lo ocurrido" y "sobre todo para tomar las medidas que sean necesarias y así evitar que vuelva a repetirse".

Además, se han revisado todos los protocolos de actuación de la residencia de personas mayores para determinar dónde estuvo el fallo y cómo poder actuar para evitar nuevos casos como el ocurrido.

Juan Francisco Fernández (PSOE), que ha indicado entender "el enfado" y "el malestar" de la familia, también ha señalado que lo ocurrido "no deja de ser un caso puntual" y ha defendido la labor que se viene realizando en esta residencia de mayores que da trabajo a 28 personas del entorno más cercano y en la que se atiende actualmente a 49 personas.

Fernández ha destacado "la excelente labor" que realizan los profesionales en la residencia y ha lamentado que un caso como el ocurrido que "no deja de ser lamentable" vaya a "empañar" un trabajo sostenido en el tiempo. Por eso ha arremetido contra el presidente del PP local, concejal y patrono de la Fundación Peñalta, Sergio Ruiperez, por sacar a la luz la información y "desprestigiar un centro de trabajo donde mayoritariamente las personas que trabajan son vecinos y vecinas de Orcera y es donde atendemos a las personas mayores del municipio y entorno".

Asimismo, ha tachado de "nuevamente lamentable" que Ruiperez "rompa el protocolo de confidencialidad que está implantado en la residencia y que el personal está obligado a firmar y a cumplir" para hacer público el caso en los medios de comunicación para "sacar rédito político".

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