La Sindicatura de Comptes advierte de ciertas "deficiencias de control" en las asistencias a los comedores por parte de los centros escolares que suponen un "riesgo de efectuar pagos indebidos". De hecho, el organismo alude a un informe de la Dirección Territorial de Educación de València que apunta que "se podrían haber realizado pagos indebidos por una cuantía estimada de al menos 277.000 euros".

Así figura en el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat correspondiente al ejercicio de 2016, donde se analiza la línea de subvención de ayudas a comedores escolares destinada a os alumnos de educación infantil y primaria en centros públicos y concertados.

El informe detalla que las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto del ejercicio 2016 ascendieron a 53,9 millones de euros y los pagos efectuados a 51. En cuanto a la adecuada contabilización del gasto, señala que las ayudas correspondientes al mes de diciembre de 2016, por importe de 6,3 millones de euros, se han imputado al presupuesto del ejercicio 2017, sin que hayan sido registradas a 31 de diciembre de 2016 en una cuenta acreedora no presupuestaria y recuerda que los órganos gestores deben informar a la Intervención de la Generalitat de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuestoal cierre del ejercicio.

En cuanto a las bases de la convocatoria, apunta que fueron aprobadas por una orden de 2010 modificada posteriormente (2013, 2015 y 2016) para su adaptación a las necesidades de cada curso escolar. Al respecto, la Sindicatura considera que la Conselleria de Educación "debe aprobar unas nuevas bases reguladoras adaptadas a lo dispuesto en la Ley 1/2015 y contemplar, entre otros aspectos que se desarrollan en las respectivas convocatorias anuales, la ponderación de los criterios objetivos de concesión y los límites o baremos para la determinación de las ayudas". Además, esta normativa "debería coordinarse con las bases reguladoras de las ayudas al transporte escolar".

"RETRASOS EN LA TRAMITACIÓN"

Además, el síndic observa "retrasos" en la tramitación de las ayudas, desde la publicación de la convocatoria hasta la resolución definitiva, que se ha producido una vez iniciado el curso escolar. Estos retrasos, recalca, "conllevan un gran número de incidencias y reclamaciones por parte de los potenciales beneficiarios de las ayudas".

También hace notar que la convocatoria de la subvención recoge determinados trámites y controles que no se han efectuado, por insuficiencia de medios o no resultar operativos. Por ello, recomienda la revisión de su oportunidad y necesidad, teniendo en cuenta la estructura y funcionamiento, tanto de las unidades administrativas gestoras como de los centros docentes.

Entre estos trámites enumera que la comisión de valoración no emitió su informe sobre las resoluciones de concesión en plazos extraordinarios y excepcionales; o que hubo un elevado número de alegaciones que impidieron su análisis en un plazo razonable, según manifiesta la unidad gestora. Con posterioridad, se presentaron numerosos recursos de reposición, de los cuales, según los datos facilitados, fueron estimadosaproximadamente un 68%. Al respecto, la sindicatura aboga por analizar esta situación "a fin de mejorar la seguridad jurídica de las ayudas y evitar cargas de trabajo innecesarias".

En lo referente a los pagos, el informe alerta de "deficiencias de control en las asistencias a los comedores por parte de los centros escolares, con el consiguiente riesgo de efectuar pagos indebidos (falta de acuerdo de las familias, no emisión del certificado de acuerdo del centro receptor de las ayudas)".

En este sentido, según un informe elaborado por la DirecciónTerritorial de València, "se podrían haber efectuado pagos indebidos por una cuantía estimada de, al menos, 277,8 miles de euros, derivados de las siguientes contingencias: alumnos matriculados en distintos centrosdurante el mismo curso escolar; bajas del alumno en el centro educativoy no como beneficiario de la ayuda; beneficiarios repetidos por error en los registros administrativos e insuficientes controles de asistencia a los comedores".

Frente a esto, la sindicatura anima a analizar y depurar las incidencias, así como adoptar las medidas pertinentes para su subsanación. En este sentido, agrega que la Conselleria de Educación ha informado de que "está implantando a nivel informático las actuaciones oportunas para solventar la situación descrita y regularizar los posibles pagos duplicados".

El informe de fiscalización también observa, en cuanto al plazo de pago de las ayudas a los centros docentes, "retrasos significativos que deberían reducirse en la medida de lo posible, a fin de permitir el cumplimiento de los plazos acordados por los colegios receptores de las ayudas con las empresas que prestan el servicio del comedor".