La Fiscalía ve indicios de delito en la venta de una nave municipal en La Carolina

  • La Fiscalía ha trasladado al Juzgado de Instrucción Decano de La Carolina (Jaén) el escrito de denuncia formulado desde IU sobre la venta de una nave municipal en La Carolina a la empresa Serhoca.

En el escrito de la Fiscalía al que ha accedido Europa Press, se establece que los hechos relatados en la denuncia pudieran ser, "en principio", constitutivos de presunto delito de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, penado con la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve meses a quince años a la autoridad o funcionario público que resultare condenado por dichos hechos.

En julio de este año, IU denunció ante la Fiscalía "un expediente opaco de compra-venta de una nave industrial" que el Ayuntamiento adjudicó al grupo empresarial Serhoca por 70.677 euros en agosto de 2003 y que "nunca pagó al consistorio ni devolvió".

El escrito presentado ante la Fiscalía reflejaba que dicha nave ha sido usada por la empresa del Grupo La Toja desde hace 14 años sin que a las arcas municipales haya llegado "ni un solo euro" del dinero que se acordó en la compra-venta.

Asimismo ponían de manifiesto que la mercantil Serhoca S.L "cuenta entre su accionariado con el grupo Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía, del que forman parte políticos de relevancia en la Junta de Andalucía y en la agencia IDEA, así como personas relevantes que han formado parte de la banca en algún momento de su trayectoria".

Para el portavoz de IU en el Ayuntamiento, Víctor Medina, es "una muestra de que algo raro había e independientemente de lo que el juez estime, se ha sacado a la luz pública un problema municipal que llevaba tapado más de 14 años, sin que ningún equipo de gobierno bien del PP o del PSOE hubiese movido un dedo para solucionarlo".

Ha añadido en un comunicado que ha sido con la entrada de IU al consistorio carolinense y la pertinente denuncia, cuando la junta de Gobierno local inició las acciones judiciales pertinentes sobre este caso.

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