Así lo ha manifestado en declaraciones a Europa Press el abogado de los principales colectivos ecologistas, José Ignacio Domínguez, quien ha explicado que una vez que el Consistorio carbonero apruebe el expediente en pleno para modificar su PGOU y conseguir que los terrenos en los que se ubican el inmueble de 411 habitaciones sean no urbanizables, "se podrá pedir directamente la demolición", ya que el edificio se ubica en "terrenos protegidos".
"Cualquier asociación puede pedir la demolición directamente y de forma simultánea a la revisión de la licencia si el Ayuntamiento no la anula de oficio", ha advertido Domínguez, quien ha valorado el "gran paso" que supone este cambio de actitud por parte del Ayuntamiento de Carboneras para conseguir el desmantelamiento del hotel.
En el mismo sentido, ha detallado que la postura municipal para "restablecer la legalidad urbanística vulnerada" mediante un edificio "ilegal e ilegalizable" también "acorta el camino a la Junta", que tendrá que acudir a la vía civil para tomar posesión de los terrenos mediante el ejercicio reconocido en los tribunales de su derecho de retracto.
Desde el sector conservacionista se ha apuntado que el cambio en las normas urbanísticas por parte del Ayuntamiento supondrá que la Junta no encuentre inconvenientes a la hora de conseguir una licencia de demolición. "Ese trámite, que podría haber derivado en un pleito de cinco años, la Junta se lo ahorra", ha celebrado el letrado, quien ha observado que la Administración andaluza podrá pedir el expediente de demolición una vez tenga el hotel y los terrenos bajo su propiedad.
En esta línea, ha considerado "imposible" que Azata pueda mantener sus pretensiones de terminar las obras del establecimiento hotelero de cara a su apertura, ya no solo por la adaptación de las normas urbanísticas al PORN y PRUG en vigor, sino también al deslinde realizado por la Dirección General de Costa, que aumentó la zona de servidumbre de protección de 50 a 100 metros, con lo que "la servidumbre inunda la mitad del hotel".
"Es un doble varapalo", ha manifestado el abogado, quien duda de que la promotora recurra la decisión municipal tras los pronunciamientos judiciales de TS y TSJA que ubican fuera de la legalidad la construcción. "Deberían retirar sus grúas, que son un peligro, porque no tienen ninguna posibilidad", ha considerado Domínguez, quien cree que el Ayuntamiento de Carboneras "cumple con su obligación".
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