Así se indica en una nota de prensa difundida por el comité de empresa de los trabajadores del aeropuerto de la base y suscrita por su secretario, Edgard Schmidt, quien ha precisado que las "persecuciones" y "represalias" se reflejan en "23 despidos, doce de ellos el 31 de enero de 2017, por causas de naturaleza productiva y organizativa, que en los cuatro primeros juicios del 29 de junio fueron declarados improcedentes".

Desde el comité apuntan que, a pesar de que esas "cuatro sentencias calificaban a los despidos como improcedentes", se ha vuelto a despedir "por causas idénticas" a seis trabajadores el pasado 30 de noviembre de este año 2017.

Asimismo, según informa el Comité de empresa, se han recogido "cinco despidos disciplinarios", el primero el pasado 26 de octubre de 2016, "cuyo juicio se celebró el pasado 20 de noviembre y las partes llegaron a un acuerdo económico importante, antes de entrar a sala".

Igualmente, señalan que ha habido "doce sancionados, entre ellos un miembro del comité, y más recientemente el propio presidente del comité con 16 días de suspensión de empleo y sueldo", todo ello "en un clima de trabajo tenso y asfixiante", donde la plantilla, "ante la falta de personal, no puede aceptar los despidos" y la "merma de derechos impuesta por la empresa", por lo que "se han presentado multitud de denuncias ante la Inspección de Trabajo de Cádiz".

En este sentido, el comité de empresa dice que ha instado "en reiteradas ocasiones" a LBAS a que cumpla con la legislación laboral española, y ha subrayado el "malestar" de la plantilla respecto a las decisiones "tomadas por el Gobierno de España" ante la "denegación por parte de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz" del lugar solicitado para las concentraciones durante las tres huelgas, "relegándolos a un lugar de poca visibilidad, y por lo tanto pasando desapercibidos".

Asimismo, también han recogido "la imposición de unos servicios mínimos" por el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, en las dos huelgas anteriores, que, "en opinión del comité de empresa y las centrales sindicales UGT y CCOO, fueron abusivos" por lo que fueron recurridos ante el contencioso administrativo por parte de ambos sindicatos.

Por último, los trabajadores de la base naval de Rota han rogado tanto a las autoridades civiles y militares españolas que "le hagan saber a la multinacional estadounidense LBAS" que en España "todos debemos cumplir las leyes, no solo los trabajadores".