El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de València ha confirmado la sanción de 30.000 euros impuesta por la Generalitat Valenciana a Homeaway Spain por no incluir en la publicidad de los alojamientos turísticos publicitados en su plataforma el número de inscripción en el Registro de Empresas, Establecimientos y Profesiones Turísticas, una obligación que es "de índole formal" y "perfectamente controlable" por la compañía de servicios.

Así consta en una resolución de fecha 23 de noviembre en la que la magistrada desestima el recurso interpuesto por la mercantil Homeaway SL, en el que solicitaba la nulidad de la resolución sancionadora interpuesta por la Agència Valenciana del Turisme ante la negativa de la empresa a solicitar a sus usuarios el número de registro de las viviendas que publicitan a través de esta plataforma de alquiler.

La resolución, contra la que cabe recurso, establece que para cumplir con esa obligación "basta con incluirla como campo obligatorio a rellenar por los usuarios que pretendan publicitar sus alojamientos en su plataforma", algo que no vulnera el régimen establecido en el artículo 16 de la Ley 34/2002, porque no exige que la compañía "supervise la veracidad del dato confirmado".

Homeaway había recurrido contra la sanción al entender que la administración autonómica valenciana no era competente para dictarla y alegaba que su papel era el de prestador de servicios de la sociedad de información, según esa Ley 34/2002, que sostenía que eximía de responsabilidad por los contenidos ajenos a que dan acceso y que gestionan. En esta línea, insistía en que era un "mero intermediario técnico", sin ser responsable de los contenidos sino que únicamente se limitaba a albergarlos.

Por su parte, la administración demandada alegó que sí era competente para sancionar ya que la multa se impuso en el ámbito de aplicación de la Ley 3/1998 de Turismo, cuya competencia ostenta de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, un extremo en el que la jueza le da la razón.

La magistrada considera que Homeaway actuaría "como intermediario" y puesto que su actividad se centra en la publicidad de alojamientos turísticos, sí le sería de aplicación la Ley 3/1998 que establece en su articulado que tendrán la consideración de servicio turístico la prestación mediante precio de una serie de actividades, entre ellas la de intermediación.

En esa norma se establece también que el número de inscripción en el registro "deberá de constar en todo tipo de publicidad que los anuncie" y se tipifica como infracción muy grave el incumplimiento de las obligaciones de publicidad.

16 SANCIONES

Desde el departamento que encabeza el secretario autonómico de Turisme, Francesc Colomer, se ha abierto 16 expedientes sancionadores a este tipo de plataformas que comercializan a través de internet apartamentos turísticos sin solicitar a sus propietarios el número de registro "que garantiza que operan con todas las garantías legales".

Según ha señalado Turisme en un comunicado, algunos expedientes no han prosperado porque la empresa en cuestión ha subsanado esta cuestión, otras han abonado la correspondiente sanción y algunos, como este caso, continuaron el proceso judicial que ahora ha dado la razón a la administración autonómica. Se trata del primero que se resuelve judicialmente.

Ante esta sentencia, Colomer ha subrayado que los argumentos son claros "y constata que la conducta sancionada consiste en no incluir en la publicidad de los alojamientos turísticos publicitados en su plataforma el numero de inscripción en el registro", lo que se puede hacer con un "campo obligatorio a rellenar por los usuarios que pretendan publicitar sus alojamientos en su plataforma, que es exactamente lo que nosotros estamos demandando desde la administración".

LUCHA CONTRA EL INTRUSISMO

Por todo ello, el secretario autonómico de Turisme ha apuntado que "es un día muy importante", al tiempo que ha señalado que "hay que darle valor a esta decisión y a lo que supone en nuestra lucha contra el intrusismo profesional y la competencia desleal".

"Los gigantes globales, estas plataformas digitales que operan a través de internet, no pueden quedarse al margen de la responsabilidad cuando somos todos conscientes de que existe un gran problema de economía sumergida", ha advertido y ha recalcado que es un "problema global", que no afecta solo a la Comunitat, que no se ha puesto "nunca de perfil sino que, como Gobierno, hemos abierto los expedientes que han sido necesarios para estar al lado del empresario reglado". "El modelo legal es el único que tiene cabida en la Comunitat Valenciana", ha insistido.