El juez concluye que, cuando perpetró la agresión, era "capaz" de "comprender" el alcance de su conducta pero, en cambio, "no era capaz de actuar conforme a la citada comprensión", por lo que le aplica la eximente completa de alteración psíquica que el propio fiscal solicitó a la conclusión de la vista oral.

La sentencia, consultada por Europa Press, recoge que, en marzo de 2015, la acusada se encontraba en el interior de la consulta de enfermería del centro de salud de Ejido Norte junto a su madre cuando la enfermera atacada entró a recoger unos utensilios para desempeñar su labor en otra consulta.

En ese momento, y pese a que iba uniformada, M.D.O.P. le dijo primero que "se fuera de allí" y le dio un "portazo". Al volver a entrar la enfermera para "recriminarle su actitud", le propinó una "bofetada en la cara, tratando de darle una segunda que la agredida paró con su brazo".

El juez remarca que los hechos están "claros" y acreditados ya que la propia acusada, aunque no declaró en la vista oral sí lo reconoció en instrucción, pero considera probado que, tal y como puso de relieve el informe forense, actuó "en cortocircuito, que se encontraba bastante trastornada en esa época y que era imposible que se hubiera contenido en tal estado, actuando sin reflexión alguna por un déficit de control de sus impulsos".

Alude, en esta línea, a que el contenido de esta pericial llevó al fiscal a modificar su escrito de acusación aunque sí se aviene a la medida de seguridad de libertad vigilada interesada por este por periodo de un año para asegurar que se somete a un "control médico periódico en un centro médico o centro de salud mental adecuado a su alteración psíquica".

También fija la responsabilidad civil en 2.235 euros, 1.470 euros por los días de curación e incapacidad, y 765 por las secuelas causadas.

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