El joven de origen rumano Marius I.B, quien al igual que sus padres y su exsuegros se expone a una condena de 11 años de cárcel por agresión sexual sobre su esposa, menor de edad, ha asegurado hoy desconocer que la niña con la que contrajo matrimonio en 2014 tan sólo contaba con 11 años y ha alegado también desconocer que el enlace entre menores, una práctica habitual en su país entre familias gitanas, fuera ilegal en España.

El procesado, quien en la fecha de los hechos tenía 17 años, ha comparecido esta mañana en la primera sesión del juicio iniciado en la Audiencia de Valladolid para tratar de convencer a la fiscal de que en su actuación concurre un "error de prohibición"-tesis que pretende probar su defensa-basado en su desconocimiento de que cuando se casó en su país por el rito gitano con su esposa y luego consumó el matrimonio durante su convivencia no estaba cometiendo un delito continuado de agresión sexual.

Marius, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que contrajo matrimonio por el rito gitano con la supuesta víctima el 5 de mayo de 2014, tan sólo "dos o tres días" después de conocerse, tras lo cual ambos viajaron hasta la localidad vallisoletana de La Seca, donde el procesado continúa viviendo con sus padres.

"Sabía que era menor pero pensé que tenía dos o tres años más. No creí que fuera delito lo que estaba haciendo porque allí es una práctica habitual", ha reiterado el joven, quien reconoce que una vez afincados en La Seca mantuvo una relación sexual continuada y consentida con su pareja, hasta que un año después, según refiere, descubriera la verdadera edad de su pareja y la relación se rompiera por meras desavenencias entre ambos.

Fue entonces cuando la menor dejó la localidad y se refugió en casa de sus padres en Sevilla, donde reside actualmente. La menor contrajo a posteriori nuevo matrimonio y es madre de una niña.

La tesis del principal inculpado es la misma que han mantenido sus progenitores, Traian B. y Garoata B, quienes, al igual que el primero y los padres de la supuesta víctima, Constantin T. y Garofita T, estos cuatro en calidad de cooperadores necesarios, podrían ser condenados cada uno a una pena de once años de prisión por delito continuado de agresión sexual.

La petición incluye cinco de libertad vigilada una vez cumplida la condena, junto con la retirada a los padres de la víctima de la patria potestad respecto de ella.

LOS PADRES DE ELLA MANTIENEN SILENCIO

La sala, sin embargo, no ha podido escuchar la versión de los hechos por boca de los padres de la menor, que se han acogido a su derecho de no declarar, por lo que cobra todavía más importancia la comparecencia de la supuesta víctima prevista para el próximo viernes.

Los hechos objeto de la presente causa se remontan al 5 de mayo de 2014 cuando Marius I.B. y la víctima contrajeron matrimonio por el rito gitano en su país de origen, concretamente en la ciudad de Alexandría, concertado y consentido por los respectivos padres de la pareja.

Dos semanas después de la unión, los contrayentes fijaron su domicilio en La Seca (Valladolid), en el convivían no sólo éstos sino también los padres de él, otro hijo y dos nietos.

En el domicilio conyugal los novios mantuvieron con regularidad relaciones sexuales completas consentidas de manera continuada hasta que el 17 de mayo de 2015 la menor abandonó la familia de su marido para reintegrarse en la suya, que por aquel entonces se había afincado en la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor.

SUPUESTA VENTA POR 17.000 EUROS

En su día, la Guardia Civil detuvo a los cinco encausados bajo la acusación de que los padres de la novia habían vendido a la niña a sus consuegros por 17.000 euros para contraer matrimonio y a partir de entonces fuera sometida, presuntamente, a maltrato, explotación sexual y laboral.

La operación de la Guardia Civil, que daba por cerrada un año de investigación, fue desvelada el 27 de mayo de 2015 por el entonces subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jorge Llorente, y el comandante jefe de operaciones, Roberto Ferrero, como culminación de la operación 'Cachiseca', desarrollada en las provincias de Valladolid y Sevilla, con imputación de delitos de trata de seres humanos, malos tratos, hurto, abuso sexual, agresión sexual y explotación laboral en jornadas intensas y sin recibir remuneración económica en la recogida de uva y patatas.

Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que el clan rumano de Sevilla y el detenido en Valladolid acordaron, supuestamente, la venta de la hija de los primeros para que contrajera matrimonio en una fiesta de compromiso en Rumanía con el hijo del clan vallisoletano, de 17 años.

Con posterioridad, la Benemérita comprobó que la menor podría estar residiendo con otra familia en la provincia Valladolid y averiguó que la niña había realizado una llamada de socorro a su madre por los malos tratos recibidos, tanto sexual como laboralmente, ante lo cual el clan vallisoletano, consciente ya de que estaba siendo investigado, optó por dejar marchar a la menor en autobús a Sevilla con sus padres biológicos, a los que incluso, según se dijo entonces, reclamaron por ello un pago de 10.000 euros, sin que se concretara si se produjo o no dicho abono.

Sin embargo, el proceso judicial contra los cinco encausados analiza únicamente los presuntos abusos sexuales de los que fue objeto de víctima, en su condición de menor de edad.