Este encargo tiene como finalidad seguir implementando mejoras en el desarrollo del aplicativo para la gestión de la Renta Básica extremeña destinado a la mecanización de las solicitudes, así como en la gestión propia de la instrucción y resolución de los procedimientos y de los pagos.

Esta herramienta también es necesaria en el seguimiento de los proyectos individualizados de inserción y de los compromisos y obligaciones asumidos por los beneficiarios, la coordinación interadministrativa, la evaluación de los resultados y el análisis sistemático de la información de cara a su explotación estadística y al diseño de nuevos recursos y propuestas.

La portavoz del Ejecutivo regional, Isabel Gil Rosiña, ha informado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de que este mes de diciembre se han pagado 6.095 Renta Básicas y no existe "ningún retraso en la tramitación de los expedientes".

"Aquello que era un problema que abría periódicos y portadas cada día en la pasada legislatura, sin mucho ruido, sin ruido innecesario, este gobierno ha hecho lo que tenía que hacer", ha resaltado.

También, el Consejo de Gobierno ha aprobado el encargo a GPEx de la realización del servicio de ordenación, mantenimiento y suministro de expedientes derivados de la Ley de Dependencia en el archivo central del Sepad, para los ejercicios de 2018 y 2019, por un importe de 147.878,39 euros.

La entrada de solicitudes de la Ley de Dependencia ha seguido incrementándose durante el año 2017, lo que implica un aumento del número de expedientes que se deben archivar en las dependencias de los Servicios Centrales del Sepad, por lo que resulta necesario continuar con la reordenación y mantenimiento del actual archivo.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado el encargo a GPEx de la prestación del mantenimiento, soporte y evolutivos de la herramienta de gestión de pagos de la Ley de Dependencia (PRELED), para los ejercicios de 2018 y 2019, por un importe de 70.179,11 euros

El sistema PRELED es una aplicación informática que tiene como principales características la gestión de los pagos de las prestaciones económicas asociadas a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

La implantación de dicho sistema informático conlleva la necesidad de dotarlo de un mantenimiento anual que ofrezca un uso "eficiente del aplicativo".

PRÓRROGA DE UN CONVENIO CON LAS DIPUTACIONES

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la prórroga del convenio suscrito con las diputaciones provinciales de Badajoz y de Cáceres para la gestión del patrimonio inmobiliario de la Comunidad Autónoma adscrito a la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales.

Esta consejería tiene encomendada la gestión del patrimonio inmobiliario adscrito al ejercicio de sus competencias materiales. Fruto de esa gestión se generan ingresos mensuales para la comunidad derivados de las cuotas de alquiler, cuotas de acceso diferido a la propiedad y créditos hipotecarios y compraventa de los inmuebles que lo integran.

En este sentido, hay que recordar que las diputaciones de Badajoz y Cáceres, a través de los Organismos Autónomos de Recaudación y Gestión Tributaria, tienen entre sus funciones la de llevar a cabo la gestión tributaria y recaudatoria de las entidades locales y otras Administraciones que lo soliciten y que se materializan en convenios reguladores de las funciones delegadas.

Dentro de este marco, desde el año 1996 (el último con fecha 15 de enero de 2014) se vienen formalizando convenios con las diputaciones para mejorar la normalización de la ocupación de vivienda de promoción pública.

El convenio actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017, si bien, mediante esta prórroga mantendrá su vigencia a partir del 1 de enero de 2018. El importe máximo a abonar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales previsto para la anualidad de 2018 es de 770.000 euros.

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