El delegado del Gobierno en Murcia, Francisco Bernabé, ha subrayado la necesidad de un pacto nacional del agua "si queremos que Murcia salde su carestía hídrica", pero para ello "es imprescindible que todo el mundo se ponga a remar; desde luego, los grandes partidos".

Según Bernabé, "de la misma forma que ha habido un pacto de Estado para la aplicación del artículo 155 cuando se ha puesto en peligro la unidad de España, así como para la violencia de género para acabar con una lacra que todos repudiamos, debe de haber, indudablemente, un pacto de Estado para alcanzar ese gran consenso nacional sobre el agua".

"Esto ya no es una cuestión de si el Gobierno del PP quiere o no quiere, es de responsabilidad política y de anteponer el interés general al partidista" y "el PP está en ese consenso", ha afirmado, "pero hace falte que se suman otras fuerzas políticas, de lo contrario, será imposible".

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, ha manifestado su "total respeto" al derecho de manifestación de los regantes, que se movilizarán el próximo 13 de diciembre en la ciudad de Murcia, "que están viviendo una situación crítica de escasez de recursos hídricos", recordando que se padece en todo el país e incidiendo en que el Gobierno de España "está trabajando para dar soluciones al sector agrario", tras cinco años de sequía.

Bernabé, que lleva un mes al frente de la Delegación de Gobierno en Murcia, en sustitución de Antonio Sánchez-Solís ha asegurado que, aunque no está previsto, no tiene inconveniente en recibirlos ese día, escucharlos y trasladar sus demandas a Madrid, "los comprendo, soy murciano y se de la necesidad de agua que tiene la Región de Murcia; indudablemente están luchando por conseguir algo que ahora mismo necesitan".

En caso de que los tractores vuelvan a 'tomar' la ciudad de Murcia como ya pasara el pasado mes de abril, el delegado del Gobierno ha señalado que no hay previsión de ello, "queremos confiar en la buena fe y voluntad de los convocantes". En ese caso, ha apuntado, "responderemos como procede en lo que sería una manifestación ilegal, sin autorización".

"Se ha autorizado lo que se ha pedido", ha hecho hincapié Francisco Bernabé, para advertir que si vamos con las cosas en orden y por las buenas, "no tendrán conmigo ningún problema", pero "el que quiera ir por las malas encontrará el Estado de Derecho enfrente, en esto y en cualquier cosa".

Tras lo que ha recordado que la Red de Desaladoras se encontraba prácticamente fuera de servicio cuando llegó Mariano Rajoy al poder en el año 2012, estando solo al 15 por ciento de su capacidad, "hoy, cinco años después, y gracias a una inversión de más de 83 millones, todas las desaladoras se encuentran al cien por cien de su capacidad", e incluso "alguna de ellas, como la desaladora de Torrevieja, van a duplicarse en breve, al pasar de producir de 40 a 80 hectómetros cúbicos anuales y la previsión de ampliar hasta 120 hm3 en una segunda fase".

Esto, ha resaltado, "son hechos y políticas de apoyo a la agricultura regional", a lo que se une, "la subvención del coste de agua desalada para que le sea más asequible a los regantes, los incentivos fiscales, que ascienden a 54 millones de euros para ayudar a la economía de los agricultores, y la apertura de pozos de sequía para generar nuevos recursos hídricos en la Región".

"Todo eso en un momento en el que los pantanos de la cabecera del Tajo están con unas reservas mínimas y un instante donde no hay posibilidad real de acometer nuevos trasvases", lo que demuestra, a su aparecer, que "el Gobierno de España está preocupado por la agricultura de la Región y poniendo medidas encima de la mesa".

Al hilo, ha subrayado que "partimos de una carencia estructural de agua en la cuenca del Segura y que con las plantas desaladoras a pleno rendimiento, hablamos de 200 hm3 anuales", todos somos consciente de que la desalación es un ayuda y un complemento "pero si queremos que la cuenca del Segura disponga de los recursos hídricos suficiente habrá que hablar de otras cosas, de un pacto nacional del agua en el que se prevea si se acometan las transferencias de agua intercuencas".

"Aquí se tiene que mojar todo el mundo", ha reiterado, "el PP no tiene mayorías para sacar adelante una determinación de este tipo; es preciso que se impliquen otras formaciones políticas, como el PSOE y que diga bien a las claras si está a favor de esa política de trasvases", es decir, "de trasladar el agua de donde sobra a donde falta porque no hablamos de quitar agua a nadie que la necesite", ha querido aclarar.

GOBIERNO REALIZA INVERSIÓN DE 10.000 MILLONES ANUALES A LA REGIÓN

El delegado se marca como uno de sus principales objetivos "visualizar el enorme esfuerzo inversor, así como en medios materiales y humanos, que realiza el Gobierno de España en la Región de Murcia, con más de 10.000 millones de euros de gasto anual y más de 16.000 empleados del sector público estatal".

Y es que, ha enfatizado, "solo la Seguridad Social paga 2.800 millones de euros anuales en pensiones a los murcianos y el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) gasta unos 540 millones a anuales en prestaciones por desempleo", es decir, "solo el Ministerio de Fátima Báñez, pone casi 3.500 millones encima de la mesa todos los años para ayudar a los murcianos".

Bernabé, que mantiene que la primera gran infraestructura que inaugurará el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, siendo delegado del Gobierno será la llegada de la Alta Velocidad a la Región de Murcia, ha destacado, también, la continuación de las obras hacia Cartagena y Lorca, así como los trabajos en la autovía del Altiplano y la del Reguerón; "obras que están ahora miso en marcha y que, sin lugar a dudas, en un plazo razonable van a concluir por completo".

En materia de inmigración, Bernabé ha recordado la operación "orquestada por las mafias que se dedican a la trata de seres humanos" en la Región a principios del mes pasado a fin de "reventar la frontera de Cartagena" y generar un efecto llamada, "a la que respondimos con un efecto puerta cerrada".

"Hemos demostrado que estamos preparados, nunca antes en la historia de la Península Ibérica se había visto un intento de entrada ilegal por vía marítima tan descomunal, con la llegada de 650 personas en menos de tres días, a las que hubo que atender, recibir, darles el más escrupuloso de los tratos a nivel humanitario y aplicar la legislación en materia de Extranjería", ha enfatizado.

Al respecto, ha destacado "avances" en las directrices en las que trabajan las distintas administraciones y organizaciones sobre los operativos a poner en marcha en caso de experimentar una oleada de pateras "tan extraordinaria" y la "predisposición" de los doce organismos implicados: Capitanía y Salvamento Marítimo, la Armada Española, Autoridad Portuaria de Cartagena, Policía Nacional, Guardia Civil del mar, Gobierno regional, Ayuntamiento de Cartagena, Tribunal Superior de Justicia (TSJRM), Fiscalía, Colegio de Abogados de Cartagena, Cáritas y Cruz Roja.

"Se trata de establecer los mecanismos a poner en marcha y establecer a partir de qué momentos se activan las prealertas, nos constituimos en gabinete de crisis o se van tomando determinadas decisiones en función del volumen de pateras que se rastreen", ha explicado.