En una nota de prensa, ha recordado al respecto que "desde hace años se vienen recibiendo denuncias de graves irregularidades en el Centro para Menores Infractores de Sograndio, incluso por parte de educadores y vigilantes: malos tratos, violencia, castigos arbitrarios, intentos de suicidio, entre otras". Dichas denuncias "llegaron a la Oficina del Defensor del Pueblo, que realizó varias visitas al centro y señala el incumplimiento de recomendaciones de prevención de la tortura".
La europarlamentaria asturiana apunta que el pasado 16 de noviembre el Comité para la Prevención de la Tortura y el Tratamiento o Castigo Inhumano o Degradante del Consejo de Europa publicó un informe a partir de una visita realizada a España en 2016. En él "se señalan prácticas inaceptables en Sograndio, entre las que se encuentran la contención mecánica con sujeciones como medida disciplinaria y el abuso del tiempo de aislamiento, como recoge, a su vez, otro informe del Defensor del Pueblo de 2015".
Ha denunciado además que "el Gobierno de España solo publica las observaciones positivas de este informe, y el Principado no parece tomar medidas decisivas para acabar con esta situación, a pesar de las denuncias".
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