En rueda de prensa, las responsables provinciales en el sector postal de CCOO y UGT, Juana García, y Eladia García, han detallado que desde 2006 se han perdido unos 200 puestos de trabajo en Correos de las Islas y han remarcado que en los últimos años se han cerrado los puntos de servicio de Es Capdellà y Santa Eugenia; en Mallorca, y las de Sant Carles, Sant Jordi de Ses Salines y Santa Eulàlia des Riu, en la isla Ibiza.

Así, en las oficinas de las poblaciones de Marratxí y Calvià se están reduciendo las horas de atención al público, una situación por podría a ir a peor "si el Gobierno no rectifica y aplica medidas el desarrollo de primer operador nacional en paquetería", ha apuntado la sindicalista de UGT.

En las Islas están trabajando unas 350 personas con contratos eventuales "bastante deficitarios" con jornadas parciales, ha añadido.

Por su parte, Juana García ha indicado que la plantilla de Correos está "muy minorizada" y ha afirmado que se soportan "cargas de trabajo extensa", una situación laboral que redunda en la pérdida de la calidad del servicio que presta Correos. "Somos un servicio publico y estamos obligados a llegar a todas las poblaciones", ha defendido al respecto.

MOVILIZACIONES

Según ha anunciado la representante de CCOO, "si el Gobierno mantiene la desidia y el pasotismo", las organizaciones sindicales iniciarán un proceso de movilizaciones "gradual y ascendente" que se llevaría a cabo entre finales de año y principios de 2018 "para exigir un impulso y fortalecer a Correos y pone a salvo los empleos de la empresa pública",

En este marco, CCOO y UGT han exigido unos nuevos convenios colectivos que recojan un aumento salarial y la estabilización de los puestos de trabajo, y supongan la finalización del actual desregulación de la organización de trabajo en el servicio postal.

La aportación pública para Correos y Telégrados prevista en los Presupuestos Generales de 2018 es de 180 millones euros, cuando los sindicatos estiman que la dotación necesaria rondaría los 230 millones de euros. Así, han recordado que el Gobierno todavía debe 60 millones de los presupuestos de 2017.