En virtud de este manifiesto, los grupos expresan su "firme compromiso con el Derecho a la Ciudad Educadora, como extensión del derecho fundamental de todas las personas a la educación y como vehículo para hacer realidad otros derechos fundamentales".

"Entendemos el Derecho a la Educación como motor de desarrollo humano, social y económico de las personas y las comunidades, y elemento indispensable para lograr un desarrollo sostenible y una paz duradera", apuntan.

"Como gobiernos locales asumimos nuestro compromiso con la educación, una educación inclusiva y de calidad a lo largo de la vida, asegurando que este derecho pueda hacerse efectivo sin discriminación y reforzando la importante tarea educativa que ejercen escuelas y familias", añade el manifiesto.

Además de valorar la tarea educativa, en el texto se invita a centros educativos, familias y sociedad civil a "unir esfuerzos". "Sólo si logramos articular una gran red local de agentes educativos en torno a este proyecto compartido, conseguiremos convertir el espacio urbano en un espacio educador, donde además de facilitar el acceso a conocimientos y saberes, se transmitan valores y actitudes porque las personas puedan desarrollar sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad y contribuir al desarrollo de sus comunidades", reza el manifiesto.