Por este motivo, el Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una Proposición No de Ley, para su debate y votación en la Comisión de Sanidad en las Cortes, para instar a la Consejería de Sanidad a que, "en aras del principio de precaución", encargue la elaboración de "un informe independiente" sobre las consecuencias y riesgos para la salud del proyecto de explotación a cielo abierto que promueve Berkeley.

La proposición, firmada por la procuradora por la provincia de Salamanca y portavoz en la Comisión de Sanidad, Isabel Muñoz Sánchez, explica que "con carácter general, la actividad minera radiactiva, por su naturaleza, finalidad y condiciones de explotación, resulta incompatible con el desarrollo de una economía social y medioambientalmente sostenible", por lo que conlleva "enormes riesgos económicos, ambientales y de salud para la población".

Asimismo, recoge que la zona afectada coincide con las áreas de conservación LIC 'Riberas de los ríos Huebra, Yeltes, Uces y afluentes' y ZEPA 'Riberas de los ríos Huebra y Yeltes' de la Red Natura 2000.

Además, "de manera sobrevenida a la apertura de la mina", la empresa "ha promovido la construcción de una planta de fabricación de concentrados de uranio que tiene la consideración de instalación radiactiva de primera categoría del ciclo del combustible nuclear, y este hecho fue omitido en la tramitación de los expedientes urbanísticos iniciales", ha reseñado Podemos.

También incide en que, "existe una interrelación entre la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo y la explotación minera de Retortillo-Santidad, ya que, además de compartir el mismo emplazamiento, en el hueco de mina de Retortillo se irán almacenando los estériles de proceso y residuos radiactivos a medida que se generen en la planta".

Igualmente, Podemos ha puesto de relieve que la empresa promotora "desistió" de sus solicitudes de licencia urbanística tramitadas ante los Ayuntamientos de Villavieja de Yeltes y de Retortillo debido a "la posible denegación por parte del primero, para tramitar posteriormente un único procedimiento ante este último Consistorio".

Por esta razón, el Procurador del Común de Castilla y León ha recomendado tramitar un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental y analizar de nuevo las repercusiones sobre la Red Natura, ha apostillado el grupo parlamentario.

Por otro lado, ha continuado, el Ministerio de Energía ha acordado la suspensión del procedimiento de autorización de construcción de la mencionada planta de concentrados, con carácter indefinido, hasta la emisión del informe del Consejo de Seguridad Nuclear.