IU pedirá en el Pleno de Diputación que la Junta cumpla con los ayuntamientos con la Patrica

  • IU ha presentado una moción para el Pleno de la Diputación, que se celebra este miércoles, en la que insta a la Junta a "que cumpla para estos presupuestos de 2018" con la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica), "alcanzando así el Fondo de Participación los 600 millones de euros fijados para 2014".

En la moción, consultada por Europa Press, IU también insta a la Junta a que suscriba un acuerdo con las entidades locales que reintegre progresivamente la "deuda histórica de 540 millones de euros hasta 2017 con las entidades locales de Andalucía y establezca los plazos de pago de la misma en un período de tiempo pactado".

Igualmente, IU insta a la Junta a que establezca un plan de reducción de las transferencias corrientes y de capital condicionadas -a través de convocatorias de subvenciones- que deberían pasar a integrar en un alto porcentaje estos fondos incondicionados en los próximos ejercicios presupuestarios".

En la moción, IU recuerda que en el año 2010 se aprobó esta ley que en su preámbulo recoge que la ley regula la colaboración financiera de la comunidad autónoma de Andalucía con las entidades locales de su territorio, a través de la participación de estas en los recursos económicos de aquella, sobre la base de los principios de eficiencia, equidad, corresponsabilidad fiscal y lealtad institucional.

En este sentido, afirma que "la realidad es que el fondo inicial de 420 millones de euros se subió en 60 millones en el ejercicio de 2012 elevándose así a 480 millones de euros y desde entonces permanece congelado". "Los ayuntamientos andaluces han soportado la perdida por el incumplimiento claro de esta ley de un total de 540 millones para este año 2017 y que se convertiría en 660 millones de aprobarse el proyecto de presupuestos de 2018 formulado", añade.

A juicio de IU, "este incumplimiento de la Ley aprobada en el Parlamento en el año 2010 en cumplimiento de lo previsto en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se ha convertido a estas alturas en una verdadera deuda histórica con los ayuntamientos de Andalucía, algo que no se comprende ni se justifica con la crisis económica ni con los planes de ajuste".

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