Lo que la UDEF trata de dictaminar, entre otros posibles delitos, según ha adelantado el Grupo Joly, es si el seguro contratado por el Consorcio de Bomberos para que sus miembros puedan prejubilarse a la edad de 60 años pero seguir percibiendo la totalidad de sus nóminas hasta los 65, cumple con la legalidad. Además, ha añadido que según fuentes sindicales estos hechos habrían costado al erario público unos ocho millones de euros.

Por su parte, el Consorcio de Bomberos ha asegurado que "ningún cargo representativo -presidente y consejeros- ha estado o está incluido en este tipo de seguro". Además, ha añadido que los hechos investigados son anteriores a la actual presidencia del Consorcio.

Asimismo, ha explicado que el seguro de jubilación viene recogido en el actual Acuerdo Regulador 2009-2018, como un plan de previsión complementaria para posibilitar el cumplimiento efectivo al Real Decreto que permite adelantar la edad de jubilación de los bomberos.

Por su parte, el presidente del Consorcio de Bomberos, Francisco Vaca, ha transmitido su "plena confianza en que todo este proceso siga su curso" y ha reiterado su "colaboración y deseo de que la investigación se aclare y finalice satisfactoriamente".