Así lo ha asegurado el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras reunirse este martes con los miembros de la Mesa de Diálogo Social para las ayudas a la rehabilitación edificatoria que ha constatado la buena acogida de la convocatoria de 2017 después de que en 2016 no lograse agotar toda la partida presupuestaria destinada a las obras de mejora en edificios para conservación y mejora de la sostenibilidad y de la accesibilidad, con 5,4 millones gastados de los 7,09 presupuestados.

Según ha recordado el consejero, en la convocatoria de mayo de 2017 se eliminó el requisito de que las obras no debían haber comenzado antes de la presentación de la solicitud a lo que se suma que se ha duplicado la subvención para la rehabilitación hasta un máximo de 8.000 euros por vivienda, frente a los 4.400 euros de 2016, con un incremento del cien por cien para las cuantías individuales para actuaciones de conservación y de mejora de la calidad y de la sostenibilidad que han pasado de 800 a 1.600 euros. Las actuaciones para mejora de la accesibilidad han llegado a los 3.200 euros.

Suárez Quiñones ha recordado también que se trata de una convocatoria de ayudas con aplicación de criterios de concurrencia competitiva ya que, a diferencia de las ayudas al alquiler pensadas para el "universo" de los solicitantes, en este caso se ha optado por primar los proyectos "más interesantes" en virtud de una serie de "criterios objetivos" para subsanar deficiencias detectadas en el informe de evaluación del inmueble, reducir la demanda energética en un 30 por ciento o utilización de energías renovables o la instalación de otros mecanismos para ahorrar agua, por ejemplo.

Al igual que en anteriores convocatorias, los requisitos que deben cumplir los edificios es estar finalizados antes de 1981, que al menos del 70 por ciento de la superficie construida sobre rasante tenga uso residencial de vivienda y que al menos el 70 por ciento de las viviendas

constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. También se han aceptado de forma excepcional proyectos para edificios con daños estructurales.

"Hemos conseguido los objetivos", ha constatado el consejero, quien ha reconocido no obstante la disparidad de proyectos presentados por provincias, con Valladolid (256) y Burgos (214) a la cabeza frente a Soria (22), Ávila (25), Segovia (26) o Zamora (29) que se sitúan a la cola. En León se han presentado 72 proyectos, con 74 en Palencia y 105 en Salamanca.

Para corregir estos "desequilibrios" el consejero se ha comprometido a reforzar las labores de información y formación en las provincias con menor demanda para favorecer una mayor acogida en la próxima convocatoria, pendiente aún de la formalización del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 para el que la Junta compromete una aportación "no menor" a la ya consolidada en estos años.

Por otro lado, los miembros de la Mesa de Diálogo Social para las ayudas a la rehabilitación edificatoria han acordado prorrogar por otros dos años las medidas previstas en la Ley de medidas urgentes en materia de vivienda ya prorrogadas hace dos años, un asunto que llevará el consejero al Consejo de Gobierno para el visto bueno de la Junta.

Además, este martes se ha constituido la Mesa del Diálogo Social en materia de vivienda que tendrá su primera reunión técnica el próximo 21 de noviembre con el objetivo de poder llegar a "algún acuerdo" antes de que acabe el año. El consejero ha significado los "importantes objetivos" fijados ante el nuevo plan estatal de vivienda que Castilla y León espera "con avidez" tras haber constatado que el Gobierno ha recogido algunas de las iniciativas de esta Comunidad, como el visto bueno a las ayudas a la rehabilitación individual para favorecer las obras de mejora en el medio rural.

A la espera de que esta sugerencia esté recogida en el texto final del nuevo Plan Estatal de Vivienda, Suárez-Quiñones ha insistido en la importancia de esta medida para Castilla y León, una "comunidad rural" en la que se apuesta por mejorar la confortabilidad de estas viviendas.

Por parte de la patronal, el secretario general de Cecale, David Esteban, ha destacado la "utilidad" de este acuerdo por su repercusión social y económica en el sector de la rehabilitación de edificios que fundamentalmente corre a cargo de las pymes. En el mismo sentido se ha pronunciado Azucena Pérez, de UGT, quien ha valorado la conservación del empleo y el fomento de los oficios. En el caso de CCOO, Inmaculada de Pablos, ha refrendado la importancia de poder evaluar el resultado de las medidas y de los acuerdos alcanzados en el seno del Diálogo Social.