En rueda de prensa, el portavoz del equipo de gobierno en la Diputación, José Fernández, ha dado a conocer estas iniciativas, así como el expediente administrativo que también se abordará en pleno, por el que se reducirá la deuda del organismo provincial en unos siete millones de euros.

Con respecto a la aplicación del bono social eléctrico, aprobado recientemente por el Gobierno central, los socialistas consideran que "esta propuesta presenta algunos déficits con el objetivo claro de beneficiar a las compañías eléctricas, antes que a los ciudadanos". Según esta norma, obtendrán descuentos del 25 por ciento en su factura quienes estén en condición de vulnerable y del 40 si se considera vulnerable severa, y se mide en función de la renta anual con relación al Iprem junto con otras circunstancias como familias numerosas o familias compuestas por pensionistas.

La norma también indica que se evitará el corte del suministro eléctrico a los consumidores en riesgo de exclusión, que son quienes acrediten la condición de vulnerabilidad severa y que sean atendido por los servicios sociales de una administración autonómica o local que financie al menos el 50 por ciento del importe de su factura.

Según ha remarcado Fernández, "se legisla sin financiación, trasladando la papeleta tanto a los servicios sociales de los ayuntamientos como a los de las comunidades autónomas, que son quienes tienen que hacer frente a ese porcentaje que no pueden pagar las familias, con el consiguiente impacto presupuestario para esas administraciones".

Por eso en la moción, el grupo socialista insta al Gobierno a estimar el impacto del nuevo bono social eléctrico en el Sistema Público de Servicios Sociales y a dotar a dicho Sistema de la financiación suficiente para atenderlo.

En otra de las mociones que presenta el grupo socialista se insta al Gobierno de España a realizar un análisis sobre la situación de las mujeres jornaleras en el campo, especialmente en Andalucía, para determinar los principales obstáculos que dificultan su inserción laboral.

Según los socialistas, "tras estos años de gobierno de Mariano Rajoy, podemos constatar que el Partido Popular no ha adoptado las medidas necesarias para evitar el abandono y la desprotección de los trabajadores y trabajadoras del campo". En Andalucía, y según la moción del grupo socialista, estos trabajadores constituyen el 57 por ciento del total de la afiliación media del Sistema Especial Agrario, representando las mujeres andaluzas más del 72 por ciento del total de las afiliadas medias de dicho Sistema.

En su moción, los socialistas solicitan programas de empleo dirigidos a los mujeres jornaleras, el desarrollo de la Ley de Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, que fue aprobada por el Gobierno socialista en el año 2011, así como un Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) extraordinario para Andalucía ante las graves consecuencias que la sequía está teniendo en las campañas agrícolas. También piden al Gobierno de España que elimine o rebaje las peonadas necesarias para poder acogerse a las prestaciones recogidas en el PFEA.

PENSIÓN DE VIUDEDAD

En cuanto a la moción relativa a la mejora de la pensión de viudedad para personas perceptoras con 65 o más años de edad y menores ingresos, los socialistas quieren hacer efectiva la disposición adicional número 30 de la Ley de actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social de 2011, que establecía un aumento progresivo de las pensiones de viudedad durante los ocho años siguientes a la aprobación de la nueva ley.

La iniciativa pretende plasmar una subida progresiva en el cómputo de estas prestaciones hasta el 59 por ciento de la base reguladora en todos los regímenes de la Seguridad Social en 2018 y un 60 por ciento de los mismos a partir del año 2019.

En la cuarta y última de las mociones que lleva a Pleno el grupo socialista se insta al Gobierno central a que se inicien de oficio los trámites procedimentales y legales oportunos para reconocer la jubilación anticipada al colectivo de camareras de pisos. Un colectivo importante en la provincia de Huelva y que, en su mayoría, trabaja para las cadenas hoteleras asentadas en las zonas turísticas del litoral onubense.

Según recoge la moción, "la práctica de posturas forzadas, la manipulación de cargas y los movimientos repetitivos pueden generar efectos que, agrupados, son conocidos como alteraciones músculo esqueléticas, es decir, alteraciones que afectan tanto a la zona lumbar como a tendones, músculos, nervios y articulaciones de los miembros superiores y cuello, y que pueden provocar tanto sintomatología crónica como afecciones agudas que, a veces, exigen incluso, intervenciones quirúrgicas".

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

El equipo de gobierno también lleva a pleno un expediente administrativo con el que se reducirá la deuda del organismo provincial en unos siete millones de euros, pasando de los 102 millones actuales, que supone un 72,83 por ciento del nivel de endeudamiento en relación con los ingresos líquidos, a 95 millones de euros, lo que supondría el 67,7 por ciento del nivel de endeudamiento.

José Fernández ha asegurado que "esto pone de manifiesto la magnífica gestión económica que estamos llevando a cabo en los últimos años, ya que hemos pasado de un 121 por ciento del nivel de endeudamiento en el presupuesto de 2012, a tener hoy en día apenas el 67 de endeudamiento, lo que va a suponer una reducción de más de dos millones de euros de carga financiera en el presupuesto de 2018".