La norma consta de un artículo único para la supresión. Sin embargo, la sexta disposición adicional se denomina "Consejo para garantizar la participación institucional de los agentes económicos y sociales" y establece que "dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor de la presente ley, el Consejo de Gobierno creará y regulará por decreto un Consejo para garantizar la participación institucional de los agentes económicos y sociales, de carácter consultivo adscrito a la Consejería competente en materia de economía".

Asimismo, indica que dicho consejo "actuará como órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta de los agentes sociales y económicos asturianos, garantizando en todo caso la pluralidad y el equilibrio de su composición, así como la representatividad de la misma atendiendo a la realidad de la estructura económica y social del Principado de Asturias". Además, el texto legal matiza que "la pertenencia al Consejo y la asistencia a sus reuniones no darán derecho a percepción económica ninguna".

En su intervención de explicación de voto, el diputado de Ciudadanos Armando Fernández Bartolomé ha incidido en elevado coste del CES, apuntando a unos 9,5 millones entre 2003 y 2016, al tiempo que ha mencionado una media de cinco resoluciones anuales desde el año 2000. No obstante, ha mostrado la disposición de su grupo para buscar alternativa con ese nuevo consejo que ofrezca asesoramiento de forma más eficiente.

La portavoz de Foro, Cristina Coto, ha lamentado que no hubiera posibilidad de reformar el CES como proponía su grupo desde hace años hasta tener que llegar a suprimirlo. "Nunca un ente del Principado tuvo cinco años para desarrollar razonables reformas". "No es una proposición contra CCOO, UGT y FADE sino que se debe a la constatación del absoluto desinterés del CES para adaptarse a una nueva realidad con menores costes y mayor pluralidad", ha argumentado.

Además, el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons ha reiterado que la administración asturiana está "sobredimensionada" y requiere reformas para ajustarla a las necesidades reales. "El Gobierno ha sido incapaz de conseguirlo tras una reforma meramente cosmética", ha asegurado, añadiendo que el coste del CES era "desmedido" para las funciones que desempeñaba.

"Siempre se coincidía en la necesidad de reformar el CES pero no se ha hecho nada hasta llegar aquí", ha reprochado al Ejecutivo, negando que haya "persecución" de los agentes sociales. "Hay una parte fundamental que es la disposición adicional sexta. El Gobierno tiene seis meses para poner en marcha ese nuevo consejo y nosotros colaboraremos", ha dicho.

El diputado de Podemos Daniel Ripa ha remarcado que "el problema del CES no es el coste sino que no ha cumplido su función", señalando que hubo tres propuestas pero no se encontró "voluntad de reforma". Con todo, ha ofrecido "mano tendida" para un nuevo consejo que "cumpla sus funciones" en lugar de servir para "colocar amigos".

Por su parte, el diputado de IU Ovidio Zapico ha dicho que la supresión es "un fracaso del diálogo y de la pluralidad de esta cámara". "Los únicos consensos que se alcanzan son para destruir", ha alertado, admitiendo que el CES tenía cosas "mejorables". No obstante, ha recriminado que ese use "la crisis como excusa" para recortar la participación de los agentes sociales en la vida pública. "La derecha asturiana ha tenido en Podemos a unos cooperadores necesarios", ha criticado.

Margarita Vega (PSOE) ha calificado de "vergüenza" la proposición al entender que supone un ataque a la democracia en términos de participación ciudadana. "Es un órgano con el que puede contar tanto el Gobierno como esta Cámara", ha recordado, asegurando que la función principal del CES era aportar "mayores dosis de legitimación democrática". Además, ha lamentado que los grupos proponentes no han tenido "ninguna voluntad de diálogo" para reformar el CES. "Suprimir para volver a crear, eso sí es despilfarro", ha apuntillado.

La supresión del órgano se hace efectiva después de la petición realizada esta semana por los secretarios generales de UGT y CCOO de Asturias, Javier Fernández Lanero y José Manuel Zapico, respectivamente, y el director general de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), Alberto González, de frenar la aprobación de la ley. La propuesta de los agentes sociales contemplaba un organigrama en el que el presidente del CES fuera nombrado por la Junta General y que su cargo no estuviera remunerado.

Definía además los "puestos esenciales" dentro de la organización: un puesto de dirección y tres técnicos. Sobre la cobertura de gastos, basándose en otros CES autonómicos, establecía una asignación anual a cada grupo por preparación, dedicación y asistencia; dietas directas por cada consejero o representante por preparación, dedicación y asistencia; y la asignación de costes estimados para asesor por grupos y o entidades, en función de la representación.

El Consejo Económico y Social del Principado de Asturias se creó en 1988 como ente público de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral, y fue reformado en 2001. Se trataba de un órgano de participación, estudio, deliberación, asesoramiento y propuesta, pudiendo pronunciarse, además, sobre cuantos asuntos fuesen planteados tanto por el Consejo de Gobierno como por la Junta General del Principado de Asturias.