CCOO augura problemas estructurales y una "involución importante" y reclama un pacto fiscal de todos los partidos

  • VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
Andrés (c) junto a Castedo (i) y Fernández (d)
Andrés (c) junto a Castedo (i) y Fernández (d)
EUROPA PRESS
Andrés (c) junto a Castedo (i) y Fernández (d)

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, considera "bastante preocupante" el futuro de la Comunidad y augura una "involución importante" si no se cambian "los números", tras lo que ha reclamado un pacto fiscal de todos los partidos que permita aumentar los ingresos autonómicos y esta materia no sirva de arma arrojadiza.

Vicente Andrés se ha expresado así en una rueda de prensa para analizar el proyecto de presupuestos de la Comunidad para 2018 en la que ha estado acompañado por el secretario de Estudios del sindicato, Carlos Castedo, y el secretario de Empleo, Participación Institucional y Diálogo Social, Saturnino Fernández.

El máximo responsable de CCOO en la Comunidad ha expresado "bastante preocupación" de cara al futuro por el problema estructural "importante" que se puede producir y ha advertido de que si no cambian los números habría una "involución importante", dado que hay un problema de ingresos y un agujero de cerca de 700 millones de euros con respecto a los últimos diez años, en referencia al gasto financiero previsto para el próximo año, que asciende a 9.577 millones frente a los 10.269 de 2008.

Andrés ha señalado que es una cantidad que no revertirá en la ciudadanía, cuando la riqueza es superior a antes de la crisis, al haberse incrementado el PIB de 57.092 millones en 2008 a 59.681 en 2018. "¿Dónde ha ido a parar el dinero?", se ha preguntado Vicente Andrés, quien ha criticado que cuando aumenta el PIB se reduzcan los impuestos y las bonificaciones fiscales y se tenga menos disponible, lo que redunda en los servicios públicos, su prestación y calidad.

En este contexto, ha señalado que los casi 700 millones de euros darían casi para contratar a 60.000 trabajadores en el plan de empleo, por ejemplo.

Además, ha advertido de que "lo peor" está aún por llegar con la convergencia y el equilibrio presupuestario en 2020, cuando habrá 241 millones de euros menos para gastar, aunque una gran parte se pueda compensar con un posible crecimiento del PIB. A esto se suma lo que pueda reducirse por el pacto entre PP y Ciudadanos para reducir la fiscalidad, aunque no lo han cuantificado.

Por ello, ha asegurado que lo que es necesario es aumentar los ingresos, que es donde está el problema de una Comunidad "anoréxica" donde nadie paga impuestos y baja la calidad de los servicios.

Vicente Andrés ha abogado por un modelo "robusto" y en el que pague más "el que más tiene", pero considera que las propuestas requieren del consenso y un pacto entre todos los partidos y de Comunidad porque "no sólo vale ponerse de acuerdo para pedir al Estado" si no que hay que "ejecutar" la capacidad fiscal que tiene la región. El motivo de llegar a un pacto, ha aclarado, es que esta cuestión no sea un "arma electoral".

En esta línea, ha señalado que CCOO hace esta propuesta de cara a un nuevo periodo, tras un nuevo gobierno en 2019, y cree que de esta manera, con un acuerdo entre todas las fuerzas parlamentarias, el PP podría "desprenderse de ese corsé" que supone su pacto con Ciudadanos.

"FORZAR ESCENARIO"

Andrés considera que hay que ir hacia un sistema más justo en el paguen más los que más tienen y ha adelantado que quieren "forzar" a "este escenario" porque además no se sabe lo que "va a venir" de financiación autonómica y posibles reformas del Estado de las Autonomías. Por ello, ha adelantado que se reunirán con los diferentes grupos parlamentarios para presentar sus propuestas.

Al margen de estas cuestiones, el secretario autonómico de CCOO ha destacado algunas cosas positivas que ha visto en los presupuestos para el próximo año, que tienen más dinero para repartir que en el ejercicio anterior, aunque sea "mucho menos" que hace diez años.

Entre los aspectos positivos ha señalado el incremento de las transferencias universitarias para ayudar a reducir las tasas, las políticas de empleo, que también se incrementan, o las políticas sociales y la transferencia de fondos a los ayuntamientos para esta materia.

Frente a ello, considera negativo el presupuesto destinado a las inversiones reales, que ascienden a 620 millones, ya que a pesar de que se incrementan suponen un tercio de lo que había hace diez años, que eran 1.600 millones, "bastante menos de la mitad". También ha criticado el escaso incremento de los fondos destinados a I+D+i, que se encuentran 78 millones por debajo de lo que se invertía antes de la crisis.

Por otro lado, considera insuficiente la subida salarial prevista para los empleados públicos, que se fija en menos del 2 por ciento, cuando el sindicato considera que debería ser de al menos un 3 por ciento para que recuperen el poder adquisitivo, algo que además incidiría positivamente en el aumento del consumo, por ejemplo.

Vicente Andrés también ha reclamado la mejora de la inversión en el colectivo de trabajadores forestales, dada la situación vivida este verano y ha reivindicado contrataciones de más tiempo y mejorar el operativo contra incendios.

OCHO MEDIDAS

Por su parte, Carlos Castedo ha propuesto ocho medidas que ha asegurado que no se inventan, que se han puesto en marcha en otras comunidades autónomas.

La primera de ellas pasa por la reforma del IRPF con el incremento de entre 0,5 y 3 puntos de forma progresiva los cinco tramos de los que consta, ya que consideran un error no subir los impuestos de los que más tienen con la idea de que vaya a revertir en el consumo, un discurso bueno cuando la gente es "pobre".

La segunda cuestión se refiere a las bonificaciones fiscales, ya que Castilla y León es la segunda comunidad con las deducciones más altas de España, lo que sólo beneficia a quien más dinero tiene y genera muchos déficit de gestión y desigualdades, por ello ha abogado por menores ventajas.

En concreto, Carlos Castedo ha apostado por rebajar el límite exento del impuesto de sucesiones y donaciones hasta los 90.000 o 100.000 euros, cantidad que consideran "razonable", y bajar también el límite de 700.000 a 300.000 euros más la vivienda familiar el límite.

Otras propuestas pasan por incrementar la fiscalidad ambiental, que ahora supone el 0,13 por ciento en Castilla y León, hasta el 0,25 y acercarse así al 1,2 de media europea; imponer una tasa a las grandes superficies, de manera que estas aporten a la Comunidad; e imponer una tasa a las pernoctaciones en hoteles con el fin de que se contribuya al mantenimiento del patrimonio cultural.

Castedo también ha insistido, como otra de las medidas, en luchar de una vez contra el fraude fiscal y la economía sumergida, que podría suponer 80 millones más de ingresos.

En total ha señalado que se podrían obtener con estas medidas algo más de 430 millones de euros, que podrían destinarse al empleo público, no sólo al incremento de salarios sino también a su volumen, o a inversiones reales, que además de ser aún inferiores a las de hace diez años tienen como cuestión añadida su ausencia en los últimos años, lo que ha deteriorado las infraestructuras.

Castedo ha aclarado que las medidas fiscales que proponen no van dirigidas a que pague más la gente que gana entre 15.000 y 20.000 euros, sino que van más dirigidas a que quien más gana más aporte "por el bien común".

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