El juicio por la 'Operación Campeón', sobre supuestas concesiones irregulares de subvenciones públicas a través de la firma farmacéutica Nupel, ha quedado este jueves visto para sentencia en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, tras tres sesiones.

Así, finalizó la vista tras la comparecencia de un funcionario de Hacienda como testigo, que ha dejado claro que la "contabilidad" de Nupel "no expresaba la situación real de la empresa".

Tras el testimonio llegaron las conclusiones de las partes de los doce procesados, aunque el foco se situó sobre el único que no había aceptado el acuerdo de conformidad con la Fiscalía, acusación pública que al cierre de su intervención calificaba los hechos de "trama compleja".

Tan solo Javier Rodríguez, socio de Proitec, empresa que ofreció asesoramiento a Nupel, no pactó con la Fiscalía que en principio le pedía cuatro años y que finalmente ha rebajado la solicitud de pena a trece meses; nueve meses por un delito consumado a hacienda y multa de más de dos millones de euros y cuatro meses por otro de tentativa de delito contra la hacienda pública y 372.000 euros de multa. La rebaja es sustancial dado que se le retiró la acusación por cohecho.

"GENEROSIDAD"

En las conclusiones finales del abogado de Rodríguez, éste afeo a la Fiscalía la "generosidad, eliminando delitos" con que había tratado a los otros once investigados frente a su cliente. Por el contrario ha objetado que Javier Rodríguez "ha sido penalizado".

El letrado José Luis Fiuza ha advertido de una "estrategia" por la que el resto de acusados tienen dos "motivos" para pretender una condena a Rodríguez. "Por un lado económico", ha dicho, por el reparto de las multas e indemnizaciones, y otro "motivo judicial" dado que si "lo absuelven no pasa nada, pero si es condenado y se recurre" se podría "admitir la nulidad de las actuaciones", ha apostillado.

La instrucción de la 'Operación Campeón' estuvo coordinada por la jueza Estela San José, del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, ahora destinada en Andalucía, en mayo de 2011. En ella se investigó a varios cargos del Igape junto al empresario lucense Jorge Dorribo y su socio en Nupel, además de salpicar la instrucción a políticos del PP, PSOE y BNG.

Antes del inicio de esta tercera sesión del juicio, Dorribo, que aceptó más de cinco años de prisión que se podrían reducir tras varias estancias en prisión tras el operativo judicial, esquivó a la prensa y tan solo, de forma amable, se limitó a dar los buenos días a los periodistas sin entrar en más detalles.

"AÑOS DE INCERTIDUMBRE"

Por su parte, el único procesado, Javier Rodríguez, confesó que se encontraba "bien". "Siempre bien", ha señalado a los medios. Así, confía "en salir bien, aunque nunca se sabe". Al tiempo, ha lamentado "los siete años" trufados de "incertidumbres" durante toda la instrucción. "Es algo duro", ha sentenciado al tiempo que volvía a proclamar su inocencia.

Tras el juicio, el abogado José Luís Fiuza ha reiterado esa "estrategia clara" que sostiene que han mantenido el resto de procesados para incriminar a su defendido.

"¿A los demás acusados por el delito contra la hacienda pública qué les interesa? Les interesa que condenen a Javier porque saben que va presentar recurso y que se podrían admitir, en otras instancias, las causas de nulidad y supondría que quedarían libres. No tienen nada que perder, ahora bien si le absolviesen el tema habría terminado", ha concluido.