El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha afirmado este miércoles en el Congreso que no es partidario de alterar la competencia educativa de las comunidades autónomas. Asimismo, ha subrayado que la futura ley educativa como consecuencia del pacto educativo tiene que ser "flexible" con la realidad distinta de las autonomías, pero ha insistido en que se refuercen las funciones de la Inspección.

Así lo ha subrayado durante su comparecencia en la Comisión de Educación, donde ha acudido a petición propia para cerrar la ronda de comparecencias para el Pacto Social y Político en esta materia. "No es necesario hacer tabla rasa y construir un sistema partiendo de cero. Hay que preservar lo que funciona", ha aseverado.

Méndez de Vigo, que ha admitido diferencias con algunos grupos parlamentarios en la forma para alcanzar el pacto, y ha indicado que la propuesta que acuerden los diputados de la Subcomisión parlamentaria para el Pacto educativo debe concretarse en una ley que "de certidumbre y estabilidad" al sistema, pero que a la vez sea "flexible" y responda a las "circunstancias específicas" que se dan en las comunidades autónomas.

"En nuestras manos está hacerlo, conjugando los principios de unidad del sistema educativo y autonomía de los territorios para adaptarlo según sus propias necesidades", ha dicho.

"AUTONOMÍA PERO MÁS CONTROL"

También ha reiterado que no es partidario de quitar competencias a las comunidades en materia de enseñanza y ha indicado que hay diferencias "recurrentes" como los 40 puntos en PISA entre una comunidad y otra, que se corresponde con más de un curso académico de diferencia, pero ha advertido de que no está a favor de un cambio competencial porque, a su juicio, "el problema no tiene que ver con más o menos centralidad o más o menos competencias, sino con cómo se ejerce estas competencias" por las comunidades autónomas.

"El ministerio no es el que tiene que decir qué se hace en cada clase de cada colegio. No estamos aquí para esto. Hay que evaluar el sistema en un modelo descentralizado. Autonomía, pero más control", ha afirmado el ministro, que ha señalado también que "toda responsabilidad lleva a aparejada un deber y una responsabilidad".

Por ello, ha incidido en que esta autonomía lleva aparejada la evaluación del sistema para garantizar la calidad y ha reprochado a los diputados su "resquemor" por las evaluaciones: "Si no sabemos si algo va mal, no podemos ponerle remedio". Asimismo, ha pedido una "reflexión" sobre las funciones de la inspección educativa.

"MIEDO" AL "GRAN HERMANO" EDUCATIVO

Con estas últimas palabras, el ministro se ha referido a las críticas que partidos como PNV y Unidos Podemos han realizado sobre las propuestas presentadas la pasada semana en el Congreso por PP y Ciudadanos. Los primeros para reforzar las competencias de la Alta Inspección Educativa, y los segundos para crear una agencia independiente que vigile en los colegios ante posibles adoctrinamientos.

El portavoz de Educación de la formación morada, Joan Mena, ha criticado que el Gobierno saque a la "policía" educativa mientras acusa de adoctrinamiento a los profesores catalanes cuando, a su juicio, es el Estado quien tiene un plan para adoctrinar "sobre el himno, la bandera y la monarquía". "Se cargaron una asignatura como Educación para la Ciudadanía, que educaba en igualdad y democracia y ahora ponen en marcha su adoctrinamiento, insultando al profesorado y apostando por la imposición", ha denunciado el diputado de En Comú.

También el diputado del PNV, Joseba Andoni Agirretxea, ha confesado su "miedo" a que las escuelas se conviertan en un "gran hermano censurador". De hecho, ha condicionado el apoyo de su partido al Pacto de Estado al mantenimiento de las "singularidades" con las que cuenta el modelo educativo en el País Vasco.

Sin embargo, Méndez de Vigo ha insistido en que "las facultades de inspección corresponden a las autonomías" y que la Alta Inspección "es subsidiaria". El ministro ha asegurado que la intención de su departamento es que este órgano sea "más accesible en primera instancia" porque, según ha reconocido "tiene poca capacidad de respuesta inmediata".

EL PACTO SE TAMBALEA POR EL 155

También la portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, ha salido en defensa de su propuesta, asegurando que la Alta Inspección está incluida en la LOE, la LOMCE y los estatutos de autonomía y ha criticado las "presiones políticas" que han sufrido el Pacto de Estado desde estamentos como las propias comunidades autónomas o la conferencia sectorial en un momento que, a su juicio, "no toca".

En este sentido, el ministro ha salido en defensa de la diputada y le ha pedido a la subcomisión que se centre en realizar su informe con el mayor consenso posible. Asimismo, se ha comprometido en elaborar una ley, también con el mayor acuerdo posible, manteniendo el contacto con los grupos parlamentarios y la comunidad educativa.

Pero, tanto ERC como Unidos Podemos han puesto en duda la posibilidad de el Pacto educativo pueda llevarse a cabo si se aplica esta semana el artículo 155 en Cataluña. Al partido republicano, Méndez de Vigo ha contestado mostrando su desacuerdo con esta postura y asegurando que, si esta medida se aplica, actuará con "inteligencia y prudencia". Por su parte, a Unidos Podemos lo ha acusado de "no querer llegar a acuerdos con nadie".

COMPROMISO CONTRA LOS RECORTES

Durante la comparecencia del ministro, también se ha hablado de su política educativa en esta legislatura. Así, desde la formación morada se le ha reprochado a Méndez de Vigo los recortes llevados a cabo en esta materia. El diputado Javier Sánchez ha considerado "incompatible" la financiación actual de la Educación en España "con un pacto para mejorar el sistema" y ha recordado que la mayoría de los comparecientes que han pasado por la subcomisión han señalado los recortes como una de las razones del empeoramiento del sistema.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, es quien más preguntas ha realizado al ministro, sobre su futura labor en el Pacto y la opinión del propio Méndez de Vigo sobre el alcance que va a tener este acuerdo, así como las modernizaciones que piensa que debe sufrir el modelo educativo actual.

Pero, además, la socialista ha defendido la labor de las autonomías en la gestión de la Educación que, a su juicio, ha supuesto "grandes avances" y también ha pedido al ministro su compromiso para evitar "tijeretazos" o medidas como el Real Decreto de racionalización del gasto educativo, aprobado en 2012. A esta cuestión, el ministro ha supeditado la financiación del Pacto al propio contenido del mismo.