La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha explicado que esta será la primera vez que el Gobierno autonómico se encargue del reparto de parte de la recaudación, que hasta ahora distribuía íntegramente el Gobierno de España.

De este modo, se da cumplimiento a una sentencia de enero del Tribunal Constitucional, que determinó que las comunidades deben hacerse cargo de la gestión de estos fondos. No obstante, para este año se ha llegado a un acuerdo para que las comunidades tramiten el 80% del montante económico y la Administración central el 20% restante.

Las ayudas irán dirigidas a oenegés que desarrollan programas de apoyo a la infancia, familias, jóvenes, colectivos de mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión social. En concreto, la convocatoria subvencionará medidas de respaldo a personas con necesidades de atención integral, necesidades educativas o de inserción laboral.

Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta aspectos relativos a las entidades, como su grado de implantación en Asturias, su capacidad de gestión y la realización de auditorías externas, entre otros. En cuanto a las iniciativas planteadas, se analizará la aportación de fondos de otros entes públicos y privados y la adecuación de los recursos humanos disponibles a los planes que llevan a cabo.