Cabe recordar que Ornedo, a finales de septiembre, envió un escrito dirigido al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, para conocer los motivos por las que esta asociación y la

de Cádiz fueron "excluidas" de la reunión mantenida por primera vez con representantes de afectados a nivel nacional el pasado 19 de septiembre.

Sobre el encuentro, celebrado la pasada semana, según ha remarcado Ornedo, "la solución única es recurrir una sentencia al Supremo desde cualquier punto de España", ya que el TS "tiene criterio único y se aplicaría para todas las audiencias en el país, independientemente de que resuelva en contra o a favor de estas causas" ante el problema de unificación de criterio en Cádiz y Huelva -cabe recordar que la Audiencia de Huelva en 2012 cerró la vía penal a los casos de bebés robados considerando prescritos los delitos-.

A juicio de Ornedo, esta situación es "un desastre sin control, ya que no es de justicia que unos dicten a favor y otros en contra porque más bien parece que echamos una lotería". De hecho, le recordó el caso de una mujer adoptada en Almería, que "por decir públicamente el nombre de una monja que tramitó su adopción, fue denunciada por ésta y condenada en tres días, a diferencia de la denuncia y procedimiento que actualmente se encuentra en la Audiencia Provincial de Madrid, que espera cerca de dos años para el juicio".

En este sentido, Ornedo le aseguró que "son muchos los casos con indicios de delitos y falsedad documental que ni tan siquiera se han llevado a trámite", considerando esta situación como "una burla hacia una madre, cuyo dolor no prescribe", indicando además que "es normal que lleguemos a pensar en una conspiración ante la causa, porque al menos lo parece, pues no existe claridad sobre el tema".

"Nuestro principal objetivo no es encontrar a los culpables, sino a nuestros familiares; tampoco queremos indemnizaciones, pero no estaría mal y justo que paguen por lo que hicieron", ha concluido Esperanza Ornedo.