Fernández, que ha insistido en que esta adjudicación provisional se ha realizado "cumpliendo rigurosamente la legalidad, los plazos y los requisitos exigidos en cualquier pliego público", ha señalado que "lideraremos esta comisión de investigación, porque no tenemos nada que ocultar, ya que el concurso ha sido transparente, escrupulosamente respetuoso con la propuesta del informe técnico y aprobado en Pleno sin ningún voto en contra".

Según ha manifestado en una nota de prensa el vicepresidente, en el ahorro económico de 1,5 millones de euros anuales que supondría para los ciudadanos de la provincia la actual concesión está "la clave" de esta adjudicación, que cualquier empresa participante en el concurso puede, como así ha sucedido, recurrir, "aunque lo que es innegable e incontestable son los seis millones de euros que Diputación podría destinar a otros recursos y programas para el bienestar social de la ciudadanía de la provincia".

El portavoz del Grupo Socialista, que ha recordado que Diputación está a la espera de la resolución del recurso presentado por la empresa Clece, SA., ha reprochado al Partido Popular querer "empañar" uno de los servicios más demandados por los ciudadanos, que presta atención domiciliaria a más de 3.000 usuarios y genera un empleo indirecto de alrededor de 1.300 personas.

También

ha resaltado que Deconsa y Edia, las empresas adjudicatarias, son dos empresas públicas con las que Diputación lleva trabajando más de ocho años, "con unos magníficos resultados y acreditada solvencia técnica y económica".

En este sentido, ha asegurado que como entidades públicas que son, "la Diputación podría haber conveniado directamente con la mancomunidad sin la necesidad de hacer concurso público, optándose por éste para garantizar la igualdad de oportunidades

y la transparencia".

Desde el año 2008, la Diputación de Huelva, en virtud del convenio de colaboración suscrito con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía viene prestando este servicio para personas en situación de dependencia en las nueve zonas de trabajo social de la provincia. El presupuesto del SAD de 2017 asciende a 22 millones de euros, un 6,33% más que el año pasado.

Este presupuesto representa el 64 por ciento del presupuesto total del Área de Bienestar Social, y según Fernández, "uno de los mayores desafíos" para Diputación y Junta de Andalucía, que consideran prioritario garantizar el derecho de las personas dependientes.