Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha participado este jueves en el Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y atención a la dependencia.

La consejera ha señalado que el próximo año se recuperará el 5 por ciento de ese 15 por ciento que se quitó en 2012 y, aunque siempre ha reclamado estas cantidades, ha mostrado su disconformidad con que el real decreto mediante el que se aprobará la recuperación de esta financiación no contemple una retroactividad a 1 de enero de 2017 como inicialmente se dijo.

A Castilla y León le faltaría por recuperar durante los próximos años otros 10 millones de euros procedentes de esta fuente de financiación, por lo que la Comunidad seguirá reclamando un incremento mayor en la financiación estatal que se vaya aproximando a una aportación del 50 por ciento por parte de cada administración.

En el año 2016, la Junta de Castilla y León destinó a la atención a las personas dependientes 534,4 millones de euros, de los que 104,7 millones de euros, un 20 por ciento del total, provenían del Estado.

Ésta es una de las cuestiones que se han abordado en el Pleno del Consejo, en el que se ha analizado el informe de la Comisión para el Análisis de la Situación del Sistema de Dependencia.

Otro de los puntos del orden de día planteados en esta reunión era la aprobación de créditos de distribución destinados a las comunidades autónomas para la realización de programas de servicios sociales de protección a la familia y de atención a la pobreza infantil.

UN 32% MÁS DE FINANCIACIÓN

En este ámbito, Alicia García ha avanzado que Castilla y León recibirá este año por parte del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 7,3 millones de euros, lo que supone un incremento de 1,8 millones de euros, un 32 por ciento más, respecto a 2016.

Castilla y León destinará esta financiación a programas sociales que desarrollan las corporaciones locales de la Comunidad con la financiación de la Consejería a través del Acuerdo Marco de colaboración.

En concreto, se financiará una veintena de programas que irán desde el personal profesional de los CEAS a los programas de la Red de Protección a las familias y personas, como ayudas de emergencia o programas de prevención en el ámbito de la familia y la infancia, y también para atención a la dependencia a través de aspectos como la ayuda a domicilio o la teleasitencia, entre otros. Esto es tan solo una pequeña parte de lo que la Consejería destina al Acuerdo Marco, con 100 millones de euros anuales.

Además, otro de los aspectos aprobados en el marco del Consejo ha sido el de los requisitos que debe cumplir la nueva prestación de la teleasistencia avanzada y cuyo contenido estaba pendiente de definir.

Supone un avance sobre la teleasistencia básica, ya que se incorporan dispositivos dirigidos a detectar situaciones de riesgo o emergencia como, por ejemplo, escapes de gas, agua y fuego, o aquellos encaminados para detectar cambios de rutinas en las personas como, por ejemplo, con sensores en la apertura del frigorífico que puedan alertar de caídas.

Alicia García se ha referido a que en Castilla y León ya se está trabajando en un proyecto de coordinación sociosanitaria que precisamente contempla muchos de estos aspectos de la teleatención desde la perspectiva de mejor coordinación de los servicios sociales y sanitarios a través de una compra pública en innovación con financiación europea.

En Castilla y León más de 23.000 personas recibieron teleasistencia en el año 2016. Esto supuso un coste total de 2,3 millones de euros, para lo que la Junta concedió a las corporaciones locales, que son las que gestionan esta prestación, un total de 1,2 millones de euros.

ACREDITACIÓN PROFESIONAL

Por otro lado, el Consejo Territorial de Servicios Sociales ha llegado también a dos acuerdos destacados en lo referente a la acreditación del personal que trabaja en el ámbito de la dependencia, con la creación de dos nuevas vías de habilitación laboral.

En primer lugar, se crea una habilitación excepcional que acredita para trabajar en el ámbito de la dependencia para aquellas personas que acrediten experiencia o formación suficiente aunque no tengan una titulación académica específica. Se crea para las personas cuidadoras/gerocultoras, auxiliares de ayuda a domicilio y asistentes personales que a 31 de diciembre de 2017 acrediten una experiencia de al menos tres años, con un mínimo de 2.000 horas trabajadas en los últimos 12 años en la categoría profesional correspondiente o, sin alcanzar el mínimo de experiencia exigida, hubieran trabajado y tengan un mínimo de 300 horas de formación relacionada con las competencias profesionales que se quieran acreditar en el mismo periodo.

En segundo lugar, se crea también una habilitación provisional. Con el objetivo de garantizar la estabilidad en el empleo, se podrá habilitar provisionalmente a aquellas personas que a 31 de diciembre de 2017 hubieran trabajado con anterioridad a dicha fecha y, sin haber alcanzado los requisitos para la habilitación excepcional, se comprometan mediante declaración responsable a participar en los procesos de evaluación y acreditación o a realizar la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional, a partir de la publicación del presente Acuerdo y hasta el 31 diciembre de 2022.

Los departamentos de las administraciones autonómicas competentes identificarán nominalmente por categoría profesional, las personas que han solicitado la habilitación provisional. Esta relación de personas será remitida al Imserso para coordinar y promover ante las administraciones competentes las actuaciones necesarias para la obtención de los certificados de profesionalidad de aquellos trabajadores que no dispongan de los mismos.

La Junta sacará este procedimiento de manera inmediata para que lo puedan solicitar antes de que termine el año todas las personas interesadas y así garantizar su estabilidad en el empleo.

La consejera se ha referido a que, de los trabajadores que necesitaban acreditarse, ya han sido acreditados más de 7.500 a través de los procedimientos convocados por el Ecyl y Educación, 3.500 de ayuda a domicilio y 4.000 de personal que atiende en centros sociales, y que se van a convocar este año otras 2.000 acreditaciones para que, con esta convocatoria y los nuevos procedimientos acordados hoy en el Consejo Territorial, se dé cobertura a todo el personal que necesita la acreditación al haberse flexibilizado los requisitos que existían hasta ahora.