Así, hay que recordar que Ecologistas en Acción denunció el mal funcionamiento de las depuradoras de aguas residuales en Andalucía durante los años 2013 y 2015 y el cobro de la 'tasa municipal de depuración' sin las correspondientes inversiones para ello ante la Fiscalía Superior de Andalucía, la cual en el mes de mayo remitió a cada fiscalía a nivel provincial los hechos de su territorio para que llevara a cabo una investigación separada.

De este modo, según reza el escrito de la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha llevado a cabo una investigación en estaciones de depuración de distintos puntos de la provincia, como Isla Cristina, La Antilla, Palos de la Frontera, Mazagón, Moguer, Lucena del Puerto, Villarrasa, Villalba del Alcor, Aroche, Cala, Encinasola y Rosal de la Frontera.

De este modo, el Ministerio Fiscal ha indicado que los atestados del Seprona ponen de manifiesto la existencia de obras para la modernización en alguna de las depuradoras investigadas y en general esta situación es "mejorable pero en ningún caso delictiva", así como la Fiscalía remarca un informe de la Delegación de Medio Ambiente que explica el ámbito competencial de cada administración y las razones para priorizar las inversiones para la mejora de la depuración en el marco del ejercicio de competencias compartidas por las distintas administraciones y "todo ello con el fin de cumplir las directivas de la Unión Europea".

De otro lado, respecto al 'canon de mejora' remarca que "debe partirse de que el mismo es un ingreso tributario de la comunidad autónoma para financiar las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de interés para la región y que puede establecerse con carácter temporal para los municipios".

A su vez, el fiscal señala que en el escrito de los denunciantes se apunta a que la comunidad autónoma ha recaudado hasta 2016 un total de 324 millones y que ha invertido 143,6 millones, cuestionando "el ritmo de inversión", aspecto que para la Fiscalía es "una cuestión política ajena al ámbito jurisdiccional penal". Por todo ello, decreta el archivo de las diligencias y que se dé conocimiento del mismo a las partes.